4 de febrero de 2015 / 05:00 p.m.

Monterrey.- A dos años de la tipificación en el Código Penal de desaparición forzada, únicamente se han dado dos sentencias sobre este delito.

El hecho reviste importancia debido a que según información de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC) existen mil 249 casos de personas desaparecidas desde 2009 y hasta 2014; de este número, el 26 por ciento corresponde a situaciones en las que estuvo involucrada directamente la autoridad y el 73 por ciento, el crimen organizado.

Al momento, 59 de estas personas han sido identificadas con vida y 45 más por perfiles genéticos. En cuanto al resto, todavía no se tienen noticias.

En contraste, las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presentan solamente tres denuncias por este delito, todas realizadas en 2013.

Sin importar la cifra de casos bajo investigación en la Procuraduría y aquellos que han sido denunciados por las organizaciones de la sociedad civil, el asunto se sigue atorando en el Poder Judicial.

Y es que ya sea por la falta de conocimiento o experiencia, los jueces no están encuadrando estas denuncias como desaparición forzada, sino como secuestro o privación ilegal de la libertad.

Personal del área legislativa de Cadhac sostiene que esta situación puede darse porque, aunque ha habido capacitación, falta mucha experiencia por parte de jueces, quienes se resisten a dar una sentencia por este delito.

Gabriela Díaz, asesora jurídica de esta organización de la sociedad civil, explica que el principal obstáculo es que algunos jueces tienen reserva en la aplicación de este delito, porque piensan que pudieran estar violentando el principio de no retroactividad de las leyes en perjuicio de las personas.

Toda vez que este delito fue aprobado en diciembre de 2012, pero el grueso de los casos de desaparición son anteriores a esta fecha, solamente han obtenido una sentencia.

"Es un delito muy difícil de configurar, esto lo entendemos, y los jueces no lo aplican porque no quieren violentar la retroactividad en perjuicio del denunciado, pero se debe recordar que la desaparición forzada es un delito continuado, es decir, cada día que pasa sin saber el paradero de la persona, se sigue cometiendo el delito, por tanto no se estaría violentando este principio", dice.

Díaz reconoce que desde que esta reforma al Código Penal fue aprobada, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha tenido voluntad para que sus elementos reciban capacitación sobre el tema; sin embargo, es a la hora de juzgar, cuando comienzan los problemas.

"Creo que lo que podría ayudar mucho, es que integrantes del Poder Judicial compartieran experiencias con sus homólogos de otros países donde la desaparición forzada ya ha sido tipificada desde hace décadas y hay muchos avances en cuanto a su manejo.

"Por ejemplo, tenemos en Latinoamérica casos como el de Argentina, el de Chile, Colombia, con quienes pudieran obtener alguna información que le sirviera en la aplicación de esta reforma", menciona.

En la lista de cuestiones que la organización envió como parte de la revisión a la que México será sometido en el tema de desaparición forzada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a partir de este 2 y hasta el 13 de febrero, analiza las dos consignaciones que a la fecha existen y señala:

"Es importante mencionar que en ninguna de las dos se logró la emisión de un auto de formal prisión, por lo que las personas indiciadas aún se encuentran en completa libertad, y el caso está en total impunidad.

"Las consignaciones realizadas por los Agentes del Ministerio Público se fundamentaron única y exclusivamente en las denuncias, ampliaciones de denuncias y declaraciones de los mismos inculpados", destacan.

Asimismo, señalan que los jueces únicamente utilizan en su fundamentación jurídica el Código Penal, dejando a un lado los instrumentos internacionales, entre los que se encuentran las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de México.

Agregan que en estas consignaciones se repiten las mismas declaraciones o denuncias completas, tanto para acreditar la calidad de funcionarios públicos involucrados, la privación de la libertad y la negación del paradero, en lugar de utilizar sólo aquellos párrafos o espacios que sirven para comprobar el hecho que se pretende probar y utilizar otros argumentos que pudieran ayudar a acreditar dichos elementos.

"Es muy importante también, que los jueces y agentes del Ministerio Público entiendan perfectamente y en cada caso específico cuándo se trata de una desaparición forzada y cuándo de un secuestro, valorando por supuesto los principios de consumación, subsidiariedad, especialidad y el bien jurídico tutelado", destaca el informe.

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DANIELA MENDOZA/MILENIO DIGITAL