14 de febrero de 2013 / 06:54 p.m.

 Amnistía Internacional consideró que las políticas sobre salud sexual y reproductiva de todo el mundo brillan por su ausencia.

En el marco de su campaña por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, AI destaca que cuando las mujeres y las niñas carecen de servicios de salud efectivos y de información sobre ellos, las consecuencias son a menudo catastróficas. En muchos países, la falta de autonomía y capacidad decisoria suele constituir un impedimento adicional para las mujeres y las niñas.

La ONU ha denunciado recientemente que cada día mueren en torno a 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, y que, por cada una de ellas, otras 20 soportan sufrimiento durante toda la vida como consecuencia de lesiones, infecciones, enfermedades o discapacidades derivadas del embarazo, el parto o abortos practicados en condiciones de riesgo.

"“De Indonesia a Perú, de Sierra Leona a Estados Unidos, millones de mujeres y niñas pagan con su vida las políticas de salud fallidas, la atención insuficiente, y las leyes discriminatorias. Muchas sufren discriminación y violencia en sus familias y comunidades, con poca o ninguna esperanza de obtener justicia o recibir apoyo de sus gobiernos"”, ha afirmado Marianne Mollmann, asesora general de política de Amnistía Internacional.

En muchos países, a las mujeres y las niñas les resulta casi imposible acceder a información y servicios básicos de salud sexual y reproductiva.

En algunos casos se debe a que los gobiernos no dan prioridad a esta cuestión ni invierten recursos en ella. En otros, cuando sí existen servicios de salud, suelen estar concentrados en zonas más prósperas, limitando así el acceso para muchas mujeres que viven demasiado lejos o no pueden permitirse el coste del desplazamiento hasta allí.

Amnistía Internacional ha hallado que las mujeres que viven en la pobreza, aunque consigan llegar a los centros de salud, a veces son objeto de maltrato por parte de profesionales de la salud que no entienden sus necesidades y que, en ocasiones, ni siquiera hablan su idioma.

En Estados Unidos, por ejemplo, muchas mujeres migrantes afirmaron que las habían echado del centro de salud justo después de dar a luz porque no tenían dinero suficiente para pagar el tratamiento.

"“Cada año, millones de mujeres y niñas se encuentran con obstáculos casi insalvables para acceder a la atención a la salud más básica, especialmente cuando se trata de su salud sexual y reproductiva. Se les niega sistemáticamente el acceso a información, anticonceptivos, servicios obstétricos de emergencia, e incluso a reparaciones por la atención de baja calidad"”, ha afirmado Mollmann.

"“La trágica realidad es que muchas muertes y lesiones relacionadas con el embarazo y el parto son evitables."”

Tras examinar la disponibilidad y calidad del acceso a la atención a la salud en más de una decena de países, Amnistía Internacional concluyó que una de las principales causas de muerte de las mujeres es la falta de información sobre los servicios de atención a la salud disponibles.

En Indonesia, por ejemplo, las mujeres entrevistadas por la organización afirmaron que no se les proporcionaba información adecuada sobre su derecho a acceder a anticonceptivos.

La falta de información, unida a las restricciones en el acceso al aborto, supone que muchas mujeres jóvenes no tienen más remedio que seguir adelante con un embarazo no deseado o someterse a un aborto clandestino, que suele practicarse en condiciones poco seguras.

Según estimaciones de la ONU, de los aproximadamente 19 millones de abortos inseguros que se llevan a cabo anualmente en los países del mundo en vías de desarrollo, 2,5 millones se practican a adolescentes, y el 70 por ciento de las hospitalizaciones derivadas de abortos en condiciones de riesgo son de niñas de entre 10 y 19 años.

En 2011, ONUSIDA informó de que solo el 34 por ciento de la juventud de los países en vías de desarrollo era capaz de responder correctamente cinco preguntas básicas sobre el VIH y cómo prevenirlo. Actualmente, en esa misma población se registra el 41 por ciento de todos los nuevos casos de VIH.

Un plan global

En 1994, en una conferencia pionera celebrada en El Cairo, dirigentes de 179 países reafirmaron los derechos humanos de las mujeres y las niñas a tomar sus propias decisiones sobre la sexualidad, el embarazo y la maternidad, y se comprometieron a convertir el empoderamiento de las mujeres en un elemento central de sus políticas sobre población y desarrollo.

Durante la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, los líderes mundiales también aprobaron un Programa de Acción con el que se pretendía cambiar el modo de formular y ejecutar las políticas y los programas de población.

La idea era garantizar que los derechos sexuales y reproductivos –incluidas cuestiones como la prevención y respuesta a la discriminación que sufrían las mujeres cuando intentaban acceder a atención a la salud– ocupasen un lugar destacado en las políticas sobre población adoptadas por países de todo el mundo.

El Programa de Acción incluía medidas centradas en la reducción de la mortalidad neonatal, infantil y materna; la población y el medio ambiente; la migración interna e internacional; la prevención y el control del VIH/sida; la información, la educación y la comunicación, y la tecnología, la investigación y el desarrollo.

Amnistía Internacional considera que en los años transcurridos desde la Conferencia de El Cairo se han tomado algunas medidas importantes para cumplir los compromisos adquiridos en ella. Pero estos progresos han tardado en llegar y, en algunas áreas como la salud sexual y reproductiva, han sido, como mucho, irregulares.

— EUGENIA JIMÉNEZ