Internan en el Topo Chico a dueños de Maia Eventos
Los negaron ser responsables del fraude que les reclaman las parejas a las que les prometieron organizar sus bodas.
Monterrey.- La Procuraduría de Justicia en Nuevo León ejecutó orden de aprehensión en contra de los propietarios de la empresa organizadora de bodas, Maia Eventos, por el fraude específico que cometieron en perjuicio de 22 de los 55 afectados que están esperando justicia en el sistema tradicional y en el que les reclamaron dos millones 600 mil pesos.
Fue el pasado sábado por la noche, cuando María Verónica González Garza y su esposo Javier Chávez Gutiérrez fueron notificados de la orden de aprehensión que les giró la juez penal del municipio de San Pedro Garza García.
El Poder Judicial solicitó su detención después de analizar la averiguación previa que le consignó el agente del Ministerio Público que integró la averiguación previa por los 22 afectados.
Tras ser notificados del ordenamiento, María Verónica González Garza y su esposo fueron trasladados de las celdas de Guadalupe al penal del Topo Chico.
Ese cambio de centro carcelario también obedeció a que el juez de control regional que los vinculó a proceso por las 17 denuncias que enfrentan en el nuevo sistema acusatorio, les impuso la cárcel como medida cautelar y ordenó que debían cumplirla en dicho reclusorio.
Trascendió que al rendir su declaración preparatoria, ante la juez de San Pedro, los acusados negaron ser responsables del fraude que les reclaman las parejas a las que les prometieron la organización de sus bodas.
Luego, por recomendación de su defensor se apegaron a los beneficios del artículo 20 constitucional para no responder a los cuestionamientos que les hizo el agente del Ministerio Público adscrito al recinto judicial.
Será en las próximas horas, cuando la juzgadora del Poder Judicial resuelva la situación jurídica que deben enfrentar los presuntos defraudadores que permanecieron prófugos durante ocho meses y que el domingo 22 de febrero fueron detenidos en Poza Rica, Veracruz.
Con la consignación de esa averiguación, ahora, la Procuraduría de Nuevo León sólo tiene pendiente concluir la investigación que sigue por el resto de los afectados, los cuales suman 23.
FOTO: Especial
REDACCIÓN
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