DANIEL BARQUET
1 de septiembre de 2013 / 03:04 a.m.

Mérida • La Coordinadora de la Oficina Sureste CEMDA (Centro Mexicano de Derecho Ambiental), Alejandra Serrano Pavón, señaló en Mérida que la empresa que pretende establecer el Dragon Mart en la Península de Yucatán inició una campaña de desprestigio en contra de todo aquel que se oponga a la obra.

 

‘Hablan sin fundamento y es obvio que ante todo lo sucedido se ha tomado, un poco, como personal, esta situación’, indicó la representante de uno de los organismos que más se oponen al proyecto, no por cuestión de economía, sino de daño ambiental al entorno del sureste de México.

 

‘Somos una sociedad civil, trabajamos en un país en donde hay derechos y garantías individuales. Tenemos derecho a recurrir a ciertas instancias y sobre todo a exigir el derecho a un medio ambiente sano’, señaló al anticipar protestas contra el Dragon Mart.

 

Serrano Pavón dijo que la labor que desarrollan es para exigir el cumplimiento de la legislación ambiental.

 

En tal sentido, anticiparon violencia y presiones contra quienes se oponen al ‘megacomercio’ chino.

 

‘No hemos dado una respuesta a los ataques porque no vale la pena, es como un intento de difamación y confrontación. Nuestro trabajo no es la confrontación. Sino simplemente exigir a las autoridades que cumplan con la ley’, insistió.

 

Respecto al fallo del tribunal dado a conocer en la semana que concluye, dijo que solicitan ahora la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, para poder analizar, revisar, conocer en la parte de la aplicación de la ley y de la legislación ambiental’.

 

A decir de los manifestantes, el proyecto contraviene el programa de ordenamiento en cuanto a los usos de suelo permitidos en esa zona: Están poniendo una zona residencial habitacional cuando solo se permite una zona comercial turística.

 

Además, el proyecto se encuentra a tan solo 3 mil 500 metros de una área natural protegida, el parque Arrecifes de Puerto Morelos y la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente señala que los proyectos turísticos costeros, que puedan afectar ecosistemas costeros, deben de ser analizados por una manifestación de impacto ambiental federal, subrayó Alejandra Serrano.