14 de marzo de 2013 / 02:40 p.m.

El ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, garantizó hoy que el Gobierno modificará la legislación española sobre desahucios e hipotecas para adaptarla a la ley europea, tras la sentencia del Tribunal Justicia de la UE sobre este asunto.

Según el Tribunal, ""la normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión"".

La institución comunitaria, con sede en Luxemburgo, considera que el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección de los consumidores que pretende garantizar la directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos.

Los desahucios han provocado en España un movimiento social de apoyo a las víctimas, a través de iniciativas como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PHA), que se ha extendido por todo el país, cuyo objetivo es impedir los desahucios.

La portavoz de esta plataforma, Ada Colau, afirmó hoy que tras la sentencia del Tribunal de la UE al Gobierno ""no le queda más opción que cambiar la ley"" y abogó por ""la paralización de todos los procedimientos -de desahucio- que están en curso"".

El partido socialista, principal partido de la oposición, tras conocer la sentencia lamentó que el Gobierno no les hiciera caso antes sobre los abusos de la ley hipotecaria.

Por su parte, el gobernante Partido Popular, anunció hoy que el PP cambiará la legislación hipotecaria para aplicar la sentencia europea sobre desahucios y evitar que una persona que haya denunciado cláusulas abusivas en su préstamo pierda su vivienda antes de la justicia se haya pronunciado al respecto.

En España hay miles de inmigrantes amenazados de desahucio por impago de sus créditos hipotecarios, víctimas de la grave crisis económica que sufre el país y por la que muchos de ellos han perdido su empleo.

El pasado enero el Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, apoyó la demanda de un compatriota residente en España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo, afectado por la crisis de las hipotecas.

En la demanda, según el defensor del pueblo de Ecuador, se solicita al Tribunal europeo que inste al Estado español a modificar la ley de enjuiciamiento civil que ""no permite el verdadero ejercicio de los derechos, especialmente el de estar frente a un juicio justo, en el que el juez pueda escuchar las razones de las partes, ponderarlas y resolver"".

Los ecuatorianos, principal colonia de emigrantes latinoamericanos en España, cuentan desde 2011 con un servicio de asesoramiento gratuito en sus consulados de Madrid, Barcelona, Murcia y Valencia que ha atendido a más de 6.000 ecuatorianos, según la embajada.

El pasado 9 de marzo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que su gobierno demandará a algunos bancos españoles por haber suscrito contratos hipotecarios supuestamente abusivos que han afectado a miles de inmigrantes ecuatorianos en España.

EFE