9 de abril de 2013 / 02:56 p.m.

Monterrey • Las nuevas obligaciones que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ley antilavado de dinero) impondrá a los distribuidores de vehículos en el país un costo directo y extra en sus operaciones, aseguró Guillermo Rosales, vocero de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C. (AMDA).

“"Esto (la Ley) exige a los distribuidores de vehículos un mayor gasto administrativo, un mayor rigor en la capacitación, una adaptación de los sistemas informáticos para estar en vías de cumplir los avisos en los términos y los sistemas que determinen la autoridad en la materia"”, comentó.

Aunque señaló que por el momento no es posible determinar en cuánto se incrementarían sus costos operativos, de entrada, dijo, se contempla que al menos implicaría la creación de una plaza de trabajo más dentro del área administrativa.

“"No puede ser un improvisado, sino una persona debidamente capacitada y preparada, con un nivel de desenvolvimiento que requerirá la creación de un nuevo puesto"”, indicó.

Y al respecto de si este incremento en el costo de la operación se aplicaría en el precio final de los productos, comentó que no contemplan trasladar el sobrecosto al consumidor, principalmente porque las ventas en el sector no se han recuperado desde hace más de cinco años.

“"Nada más en lo que corresponde al primer trimestre del 2013 nos encontramos 11.8 por ciento por debajo del primer trimestre del 2007. En este trimestre estamos reportando la venta de 247 mil 229 unidades contra 280 mil 215 del primer trimestre del 2007"”, dijo.

Agregó que también han planteado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR), que al momento de publicar el reglamento concerniente a la ley anti lavado de dinero, se aplique también una campaña de información, con el fin de que el consumidor conozca los alcances y objetivos de la Ley.

“"Este tema es muy delicado, que si bien estamos en la mejor disposición para cumplir con las obligaciones, y contribuir a evitar el lavado de dinero, también estamos demandando a la autoridad que haga su parte y que no deje todo el peso en manos de los particulares"”, comentó.

Rosales explicó que la Asociación ya ha planteado a la SHCP que ésta provea de un sistema eficaz para el cumplimiento de las obligaciones que estipula esta legislación.

“"Y que no nos ocurra como ha estado ocurriendo con el registro público vehicular en el que se traslada a los distribuidores la obligación de informar, pero desafortunadamente las autoridades no han cumplido con su parte de contar con sistemas de alta calidad"”, añadió.

El vocero de la AMDA indicó que de cumplirse lo correspondiente a la autoridad, la legislación cubrirá su objetivo de penalizar solo las compras de vehículos que se realicen con el propósito de lavar dinero.

La ley antilavado de dinero contempla a la comercialización habitual de vehículos como una actividad vulnerable, y marca que deberá formarse un expediente del cliente que adquiera un auto con valor superior a los 200 mil pesos, y éste se resguardará por el distribuidor durante un periodo de al menos cinco años, así como hacer un reporte mensual de estas operaciones.

La legislación también manda que en el caso de las compras de vehículos con precios superiores a los 400 mil pesos, deberá darse aviso a la SHCP de la transacción a través de la unidad para prevenir el lavado de dinero de la dependencia.

Además, la Ley también restringe las operaciones con efectivo, por lo que el consumidor deberá hacer uso de instrumentos bancarios para realizar su compra.

“"Creemos que la restricción del uso de efectivo, estará cubriendo en mayor medida a consumidores que de ninguna forma son criminales, pero que de alguna forma tendrán que cambiar sus usos y costumbres para llevar a cabos sus operaciones comerciales"”, concluyó el vocero de la AMDA.

DANIEL ANGUIANO