13 de agosto de 2013 / 07:15 p.m.

Ciudad de México • Las reformas hacendaria y energética deben contribuir al crecimiento distributivo de México mediante una completa reingeniería del gasto y de las fuentes de ingresos públicos, incluyendo el valor de la renta petrolera, señala el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su análisis económico-ejecutivo, el organismo empresarial indica que el objetivo de las reformas no solo consisten en aumentar las tasas impositivas o asignar contratos a inversionistas privados, sino en una clara visión futura. “Es algo mucho más ambicioso: salir de la trampa del ingreso medio en la que estamos metidos, con tasas de crecimiento mediocres de la economía, por cuarta década consecutiva”.

Dada la evidente ineficacia e ineficiencia del aparato gubernamental, antes que buscar más recursos, tenemos que mejorar la forma en que los gastamos. Asimismo, antes de gravar más a los cautivos, tenemos que lograr que todo mundo contribuya, tal como lo dice la Constitución, de otra forma, seguiríamos cargando en unos cuantos el peso de todo el aparato gubernamental, señala el CEESP.

Refiere que otro aspecto fundamental es que se tiene que maximizar el valor presente de la renta petrolera y gastarla mejor.

Lo que debe importar a los mexicanos no es quién haga las explotaciones de la riqueza energética, sino cuál es la forma en que podemos maximizar la renta petrolera y las perspectivas de crecimiento económico del país, para así lograr una mejora en las condiciones de vida de la población.

El patrimonio de México no es Pemex, sino la riqueza energética que tenemos disponible pero que no explotamos de manera eficiente, dice el CEESP.

En su documento, expone lo que considera el resultado de una reforma hacendaria exitosa y, entre otros puntos, señala que el tamaño de la economía informal debería reducirse al menos a la mitad de lo que es actualmente hacia fines de este sexenio.

Otros puntos son que el sector público recupere su posición superavitaria antes del pago de los intereses de la deuda, aumentando la recaudación no-petrolera en al menos un punto del PIB por año en el futuro inmediato y que la renta petrolera se dedique íntegramente a la formación de capital socialmente productivo y a un fondo patrimonial nacional.

REDACCIÓN