— PATRICIA TAPIA
19 de septiembre de 2013 / 12:55 p.m.

México  • La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Ciudad de México están contra la iniciativa de reforma fiscal, pues consideran regresiva la propuesta de gravar la compraventa, el arrendamiento, los intereses en créditos hipotecarios y el enganche, por lo que de aprobarse impedirá el desarrollo del sector y de la economía.

“Vamos contra la iniciativa porque creemos que va a frenar la actividad económica y no se va a captar lo que se tiene que captar, además atenta contra el derecho a la vivienda, principalmente de la clase media”, enfatizó Roberto Barrios Gaxiola, presidente de la AMPI Ciudad de México.

Por su parte, Ricardo Navarro, presidente de la Canaco, dijo que lo que ve la cámara es que se van a gravar los ahorros de la clase media, y calificó de “grave” el enfoque que le está dando el legislador.

Barrios Gaxiola señaló que ya están haciendo un frente, junto con otros representantes del sector inmobiliario, para presentar propuestas al Congreso y no se apruebe esta medida que, sin duda, no traerá consigo cosas buenas, como por ejemplo un aumento de la informalidad del mercado en renta, más juicios de desahucio, y el riesgo de que muchos mexicanos puedan perder su patrimonio e ir a la cárcel.

Explicó que esto puede darse en el tema del arrendamiento, pues al incluir en este régimen fiscal a los propietarios, éstos se verán obligados a realizar sus declaraciones mensuales y contratar un contador, que además de pagar 16 por ciento de IVA va a elevar los costos, lo que generará evasión.

Asimismo, destacó la gran afectación para millones que quieran adquirir una vivienda, pues, por ejemplo, “un casa que ahora vale un millón de pesos, la persona que la compra ya paga entre 4 y 6 por ciento de gastos y de derechos en la escrituración, con lo que aumenta en 60 mil pesos, aunado al IVA, y el costo total queda en un millón 220 mil pesos”.

Con la propuesta de gravamen no se cumple el artículo 4 de la Constitución, el derecho de los mexicanos a una vivienda digna, pues reduce las expectativas de habitación y de nivel de vida, sobre todo de los jóvenes, ya que si tenían la posibilidad de comprar una casa de 100 metros, puede acotarse a una de 84 metros.

Otro punto de gran relevancia para la industria es el impuesto sobre la renta (ISR), pues en esta iniciativa se busca gravar la ganancia de la venta de una casa cuando ésta pase de las 250 mil unidades de inversión (Udi), es decir de un millón 250 mil pesos.

Guillermo Salgado, presidente nacional de la AMPI, indicó que se pretende cancelar los estímulos en el área inmobiliaria, como es la venta de casa habitación, al reducir de un millón 500 mil Udi a 250 mil Udi, que no son ni siquiera las casas de interés social.

“Se debe estimular el tráfico de casas habitación para que la gente tenga para invertir en la generación de empleos. Si la movilidad del dinero se sigue restringiendo, el efecto será al contrario, ya que la gente preferirá mantener su casa habitación y remodelarla, porque le resultará confiscatorio venderla.”

Salgado abundó que unos de los motores de la economía siempre ha sido la construcción, en particular de casas habitación, por lo tanto, no es gratuito que exista el estímulo fiscal de depreciación acelerada para los constructores que compran activos inmobiliarios para continuar con su dinámica.

“Al quitarles este privilegio, que además no es representativo en el impacto del PIB, se estará inhibiendo la inversión, en lugar de incentivar el movimiento de capitales. Por otro lado, no olvidemos que es un sector sensible a la desaceleración económica.”

También consideró que los municipios viven de las operaciones inmobiliarias por medio del impuesto de adquisición de bienes inmuebles y el predial, por lo que si se inhibe al sector se reducirá considerablemente la recaudación, ya de por sí disminuidos en sus fuentes de tributación.

ClavesPiden modificación

La Confederación Patronal de la República Mexicana hizo un llamado al Legislativo para modificar la iniciativa de reforma hacendaria, pues es una política fiscal basada en mayor gasto público y en deuda para financiar programas sin sustento financiero.

El paquete económico incluye 500 mil millones de pesos adicionales a lo que se gastará este año; la mitad será financiada con deuda y el resto por las empresas y las clases medias, que tendrán que cargar con una recaudación adicional de 240 mil millones.

La Confederación de Cámaras Industriales plantea ampliar la base de contribuyentes, así como mecanismos de transparencia en el gasto público.