23 de mayo de 2013 / 03:38 p.m.

 Del millón 600 mil toneladas anuales de pesca en México, casi 60 por ciento es ilegal, señaló Rodrigo Gallegos, director de cambio climático y tecnología del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

En la presentación del estudio “La pesca en México”, apuntó que el valor de la captura total es de 10 mil 200 millones de pesos, pero se estima que por la ilegalidad se pierde 60 por ciento del ingreso, cuyo monto equivale a 6 mil 120 millones.

""El camarón es más caro que el huachinango, pero este animal es uno de los que más se atrapan de forma ilegal, principalmente en costas cercanas a la playa, porque no se cuenta con la infraestructura de ir hasta alta mar"", comentó.

De acuerdo con expertos del sector, las principales formas de pesca ilegal son por no tener permiso, 45 por ciento; artes de captura no permitidas, 23 por ciento, y no respetar la veda, 16 por ciento.

Gallegos explicó que el sector pesquero mexicano ha perdido competitividad en los últimos 20 años, a pesar de tener capturas más o menos estables, su participación en el PIB nacional es de 0.06 por ciento y ha venido decreciendo en la última década.

""Las consecuencias de una pesca ilegal es la sobreexplotación de los recursos naturales, el daño a ecosistemas críticos, la pérdida de valor en el mercado y los conflictos entre pescadores regulares e irregulares, entre otras"", expuso.

En estos resultados consideraron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de los últimos 10 años, en las que destaca que hay un excedente de consumo y exportaciones de 71 por ciento contra la producción anual e importaciones, lo que da un resultado desproporcional.

Al considerar el consumo de pescados y mariscos por hogar, puede estar 52 por ciento arriba de la producción. La cifra utiliza un precio de cinco pesos por lata de atún, el precio promedio que tiene la Procuraduría Federal del Consumidor en su sistema de datos”, acotó.

Por su parte, Pedro Zapata, director general de Enviromental Defense Fund de México, dijo que no toda la pesca ilegal es criminal, pues muchos productores no cuentan con los permisos suficientes, por lo que realizan su actividad en la informalidad.

""También existe una presión del mercado internacional, principalmente de las naciones asiáticas, por estos productos, por lo que están pagando en niveles muy altos especies que están protegidas"", lo que a su vez impulsa que grupos criminales las roben, indicó.

La recomendación es generar un derecho de propiedad sobre los niveles pesqueros, por lo que también es necesario adecuar las penas y sanciones para los que incumplan con las leyes.

""Las penas actuales son tan bajas que cuando se trata de cargamentos con un valor de millones de dólares, a ellos no les causa dolor pagar sus multas"", refirió.

Para darse una idea de la complejidad del marco regulatorio, estiman que hay cerca de 255 diferentes normas y reglamentos para convertirse en un pescador ilegal o irregular.

También propone el uso de mayor tecnología para generar un esquema de trazabilidad para reconocer el origen, el barco que capturó la especie y saber si éste cumple con todas las normas de calidad que impone la autoridad.

""Eso es algo más que debe corregirse, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Marina son las entidades encargadas de que no exista este ilícito y no están coordinadas, cada quien responde a jefes diferentes y no tienen un objetivo en común"", apuntó.

Otras recomendaciones son la creación de una policía única del mar, fomentar la participación pública en la toma de decisiones, generar espacios de vigilancia pública, reorganizar la Conapesca, mejorar información del sector y reducir los trámites de certificación.

ClavesRepercusiones

La pesca irregular aumenta la tasa de mortalidad de las especies, daña los ecosistemas y disminuye la calidad de los productos.

Existe un conflicto entre pescadores legales e irregulares a causa de la pérdida de ingresos para quienes cumplen con la ley y acatan las disposiciones, pues la reducción en las cantidades de captura ha llevado incluso a la violencia.

También hay una repercusión en los precios, pues entre mayor oferta y menor demanda de pescados y mariscos éstos se abaratan, proceso que deja a los productores ganancias muy bajas en comparación con los costos de captura.

— AXEL SÁNCHEZ