2 de septiembre de 2013 / 04:33 p.m.

México  • El nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) enfrentará la tarea de aplicar la ley para fomentar la competencia y la libre concurrencia a los operadores dominantes, asunto que se torna complicado, afirmaron especialistas.

José Otero, presidente de Signals Telecom Consulting, consideró que de presentarse una resolución de las autoridades que obligue a los operadores a dividirse o a separar sus bienes sería única en el mundo, pues aun con los ejemplos anteriores la situación era muy diferente a la actual y al caso mexicano.

 

“Las empresas que se han dividido no lo hicieron por dominancia, el caso de AT&T era básicamente telefonía local y larga distancia y las redes solo servían para ofrecer un servicioespecífico”, dijo.

 

Explicó que si se divide una empresa hay que hacerse varias preguntas, como ¿quién la comprará?, ¿cómo se va a dividir el espectro que tiene?, ¿van a dividirse los suscriptores nacionales o los regionales?, entre otras, y no solo para la telefonía, sino también para la televisión con el caso de Televisa.

 

“Si en México se mandara que lo hicieran sería un caso muy distinto a lo que se ha observado en otros países; ahora hablamos de un mercado liberalizado por años y actualmente las empresas que se parten son las que se venden”, aseguró el especialista.

 

El artículo tercero transitorio derivado de la reforma constitucional, indica que el Ifetel debe determinar la existencia de empresas preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e imponer las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios.

 

Las acciones incluirán entre otras las limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluida la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de las empresas.

 

 

Por su parte Nimia C. Almeida, analista de Moody´s México, afirmó que tomar una decisión como ésta puede ser demasiado radical o disruptiva y causar daños colaterales muy importantes, pues se trata de “una industria muy complicada, y resolver un problema a veces es abrir muchos otros”, comentó.

 

“En Europa hace 10 años los reguladores decidieron que los operadores incumbentes deberían compartir su red y rentarla a precios razonables, con la determinación de precios por parte del regulador”, dijo Almeida.

 

Comentó que entraron nuevos operadores sin activos, que no hicieron inversiones en capital y con precios muy atractivos, pero en ese momento los grandes operadores que daban el servicio a la mayor parte de la población ya no estaban estimulados a invertir.

 

“Ahí todos perdieron, perdió el consumidor, perdió la empresa mayor porque competían con precios irracionales de los pequeños, perdieron también ellos porque los precios bajos no eran competitivos a largo plazo”, aseguró la analista.

 

Aseguró que hace poco se revirtió el efecto de esa decisión, y las inversiones se han retomado, la industria se está consolidando y se han vuelto a hacer inversiones, sobre todo porque el mercado ahora es de datos y banda ancha, lo que requiere de más recursos.

 

En el caso de Estados Unidos, dijo, hace 20 años el gobierno decidió romper el monopolio de AT&T, al iniciar con la larga distancia y servicios locales, pero no fue suficiente y lo partieron geográficamente, lo que permitió que surgieran competidores menores.

 

“Las telecomunicaciones son una industria muy complicada y resolver un problema a veces es abrir muchos otros. Los entes reguladores pueden tomar decisiones muy complicadas sin poder determinar las consecuencias que puede haber”, dijo Nimia Almeida.

 

Televisa-cablecom, en suspenso

A un mes de que Televisa anunció la adquisición de 51 por ciento de las acciones de Cablecom, la Comisión Federal de Competencia no puede pronunciarse sobre una eventual concentración en tanto no reciba la notificación.

 

De acuerdo con la Ley Federal de Competencia, el órgano antimonopolios tiene 35 días naturales para emitir una resolución, contados a partir de la recepción de la notificación o bien de la entrega de la documentación adicional solicitada.

 

En caso de que la CFC no tome una resolución en el plazo establecido sobre la inversión en deuda por 95 por ciento de las acciones de Tenedora Ares, por 7 mil millones de pesos que Televisa hizo para adquirir 51 por ciento de Cablecom, se aplicaría la figura de la afirmativa ficta.

 

Pese a que Televisa no tiene un plazo para notificar a la autoridad, su operación no puede ser ingresada al Registro Público de Comercio si carece del aval de la comisión, señala la ley.

 

Para el consultor independiente en regulación económica Ramiro Tovar es crucial que el órgano antimonopolios actúe conforme a la ley, aun cuando el sector se encuentre ante el proceso de sustitución de comisionados.

 — SUSANA MENDIETA, NOTIMEX