2 de marzo de 2015 / 01:23 p.m.

Monterrey.- La cuestionada magistrada Juana María Treviño Torres, recién reinstalada en el cargo por el Congreso del Estado, fue favorecida durante dos años con un amparo concedido por Javier Rubén Lozano Martínez, juez cesado y denunciado penalmente por el Consejo de la Judicatura Federal por sus nexos y sentencias a favor de casinos.

Según copias del expediente, el juez segundo de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León concedió el 21 de mayo del 2012, el amparo temporal 350/2012, aunque se vio obligado a negar la sentencia definitiva días antes de que una grabación lo involucraba junto con un magistrado con el representante de una firma de casinos.

La suspensión temporal fue otorgada contra la decisión días antes del Congreso local de no ratificarla en la Primera Sala en el Tribunal de Justicia Administrativa por cuestionamientos vinculados a sentencias a favor de casinos denunciados por el entonces alcalde Mauricio Fernández Garza.

Con el amparo temporal concedido por el juez cuestionado, Treviño Torres pudo cobrar sin problema su salario y regresó al cargo donde se mantiene hasta ahora como titular de la Primera Sala Ordinaria.

En diciembre del 2013, trascendieron supuestas reuniones entre el magistrado como Eduardo Ochoa Torres, del Circuito del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del estado de Nuevo León y, -que involucraban también al juez Lozano Martínez, y el representante de Entretenimiento de México, José Salazar Arreozola, donde se favorecería con sentencias a favor de Juan José Rojas Cardona.

Según fuentes de información consultadas, ante los posibles vínculos con dueños de casinos que estarían por publicarse en la prensa a nivel nacional, el juez se vio obligado el 24 de marzo de 2014 a negarle el amparo a la magistrada Treviño Torres.

Dos meses después, el 5 mayo 2014 los rumores se confirmaron cuando una grabación revela el presunto tráfico de influencias para favorecer al casinero que involucra al magistrado Eduardo Ochoa Torres, y al juez Lozano Martínez con el representante de la firma de casas de apuestas.

Sólo tres días después, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió y denunció penalmente al juez Javier Rubén Lozano Martínez y los magistrados Ochoa Torres y José Manuel Rodríguez Puerto, mientras son investigados por sus presuntos nexos con el empresario de casas de apuestas.

Aunque se le negó el amparo definitivo y fue en primera instancia, la funcionaria pudo continuar en funciones en el cargo, pues recurrió a un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado, que finalmente le dio la razón y determinó su inmediata restitución por parte del Congreso local, cristalizada apenas el pasado 17 de febrero.

Todo comenzó en 2012, cuando el entonces alcalde de San Pedro Garza García, cansado de cerrar casinos que luego eran reabiertos por el entonces Tribunal Contencioso, llevó al Congreso una serie de reformas a la Ley de Justicia Administrativa que derivaron en la salida de Aurora Gámez, José Alfonso Solís Navarro y Juana María Treviño como Magistrados.

El 17 de abril del 2012, el Congreso local rechazó por unanimidad la ratificación de las magistradas de lo que se transformó, por ley, en el Tribunal de Justicia.

FOTO: Especial

EDUARDO MENDIETA / MILENIO DIGITAL