22 de febrero de 2013 / 01:34 a.m.

Ciudad de México • El Estado laico debe garantizar plenamente el ejercicio de la libertad religiosa, de lo contrario sería antidemocrático, afirmaron los especialistas en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, Jorge Adame Goddard, José María Serna de la Garza e Imer B. Flores Mendoza, así como José Luis Soberanes Fernández, de la Universidad Panamericana.

Durante su participación en el Coloquio Académico “Laicidad y Libertad Religiosa”, organizado por la UP y el IIJ de la UNAM, Soberanes Fernández precisó que la finalidad principal del Estado laico es la vigencia real de la libertad religiosa.

“El problema se suscita cuando el laicismo militante e intolerante pretende modificar esas tradiciones, usos y costumbres en aras de un Estado laico absoluto, sin ninguna manifestación religiosa para decirlo de alguna manera”, agregó el ex ombudsman.

El destacado jurista advirtió que a partir del presente siglo ha aparecido en el mundo occidental un laicismo más combativo, que pretende excluir cualquier expresión religiosa de la vida pública, no solo política, particularmente en aquellas cuestiones con una especial carga moral, alegando que los creyentes no pueden imponer sus convicciones morales a quienes no lo son.

“La llamada ética laica es profundamente subjetiva, ya que es lo que cada quien cree o piensa, como lo demuestran los trascendentes cambios que esa moral pública ha tenido en los últimos años, como en el caso del aborto, matrimonios entre personas del mismo sexo o la noción de pornografía, por ello los laicistas suelen volverse dogmáticos e intolerantes y pretenden imponer su moral a los demás; rechazan cualquier idea que pueda parecer religiosa, sin considerar que la religión también es parte de la cultura e idiosincrasia de un pueblo”, aseveró José Luis Soberanes Fernández, ante académicos y estudiantes.

En su oportunidad, el doctor en Filosofía Política, Pedro Salazar Ugarte, rechazó las interpretaciones en torno al artículo 24 de la Constitución, sobre todo después de la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos, en el sentido de que supuestamente dotaría a esta nueva modificación de alcances insospechados, en particular en materia de libertad religiosa.

“En lo personal –dijo-, discrepo de esas voces alarmadas. En realidad, de hecho, no encuentro un cambio verdaderamente sustantivo entre lo que dice ahora la Constitución y lo que, probablemente, dirá en lo sucesivo”.

Y agregó: “Dado que la reforma al artículo 24 Constitucional debe interpretarse en el marco de que nuestro país debe definirse como una República laica, no debemos esperar transformaciones radicales en ningún ámbito que amenace la laicidad en México, ello a pesar de que algunos analistas han encontrado en esta reforma una cruzada presunta o real para colonizar recintos estratégicos como lo es la escuela pública”.

A su vez, Jorge Adame Goddard, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, precisó que una República laica debe respetar los derechos humanos y, dentro de esa esfera, la libertad religiosa.“Los legisladores, por ejemplo, por el solo hecho de serlos, no están obligados a renunciar a sus creencias morales o religiosas, solo guardar los límites que les marca la ley”, dijo.

Finalmente, el también investigador del IIJ y especialista en Derecho Constitucional, Filosofía y Teoría del Derecho, Imer B. Flores Mendoza, manifestó que en nuestro país se debe trabajar más en el respeto y la tolerancia religiosa, al tiempo que el Estado laico debe respetar a los creyentes y no creyentes por igual.

EUGENIA JIMÉNEZ