25 de junio de 2013 / 11:07 p.m.

Ciudad de México • Al presentar el Informe Especial de la CNDH sobre Mujeres en Reclusión, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, denunció hacinamiento, restricciones y carencias que sufren 11 mil 901 internas procesadas y sentenciadas que se encuentran recluidas, lo cual les impide el efectivo ejercicio de sus derechos humanos.

Y observó en 47 de los 69 centros de reclusión que albergan población mixta, que existe un régimen de autogobierno, lo que pone en riesgo la seguridad e integridad de las mujeres internas y la del personal.

Señaló que de 1997 al mes de junio de 2012, se observó un crecimiento de 167.62 por ciento de la población femenil, y en la actualidad hay una sobrepoblación que va de 12 a 97 por ciento en algunos centros.

La investigación confirma que en las acciones y tendencias de la planeación y uso de los espacios penitenciarios en México, no se contempla de manera específica y clara la situación de las mujeres a fin de garantizarles una estancia digna, segura y separada de los hombres, como lo establece nuestra Constitución.

Por ser considerablemente más numerosa la población masculina, la infraestructura de los centros donde se encuentran recluidas carece de equipamiento y condiciones propias para la atención de sus necesidades.

Se observó que no existe una adecuada o correcta separación de hombres y mujeres, particularmente en las áreas de ingreso, observación y clasificación; las internas no tienen acceso a los servicios médicos ni a las instalaciones, como patio, aulas, talleres y áreas deportivas.

En la mayoría de establecimientos que alojan población femenil y varonil, la atención médica es deficiente, puesto que no existen instalaciones específicas para mujeres ni personal médico especializado; ello implica que las mujeres sean atendidas, si es el caso, en el mismo lugar que los varones.

Tal situación la sufren también sus hijos menores de edad que viven con ellas en prisión; de los registros con los que cuenta ese organismo nacional, se desprende que al mes de noviembre de 2012, en los diversos establecimientos penitenciarios en los que hay mujeres, se detectó una población de 377 menores de edad y 48 internas en estado de gravidez.

El ombudsman nacional señaló que en tales instalaciones no se garantiza el respeto al debido proceso en la imposición de correctivos disciplinarios, las sanciones no se notifican por escrito e inclusive contemplan la suspensión de visita familiar e íntima como medida correccional.

Cuando las autoridades efectúan cateos o revisiones hacen que se quiten el uniforme y permanecen en ropa interior frente a los oficiales, situación que también se lleva a cabo cuando acuden a los juzgados.

En el informe se hacen nueve propuestas a los 31 gobernadores de los estados, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y al comisionado nacional de Seguridad, a fin de que se asignen recursos y se diseñen políticas penitenciarias encaminadas a mejorar el sistema y la infraestructura con un enfoque de género, a efecto de que la reclusión de las mujeres se lleve a cabo en inmuebles separados de los hombres.

Contar con instalaciones apropiadas para la atención médica con espacios que permitan el desarrollo infantil, y propicias para el tratamiento de las internas, tomando en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y las de sus hijas e hijos.

Plantea también adoptar las medidas pertinentes para que las internas reciban un trato respetuoso y digno atendiendo sus necesidades de salud, educación, trabajo productivo y remunerado.

Propone instrumentar un programa de capacitación permanente para personal directivo, técnico, administrativo y de custodia de los establecimientos penitenciarios federales, estatales y municipales en materia de derechos humanos, prevención de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; uso racional de la fuerza y manejo de conflictos para atender contingencias o motines en esos establecimientos.

La CNDH demanda establecer programas de atención médica general y especializada a las mujeres en reclusión, así como a los hijos que las acompañan, proporcionando además una adecuada y suficiente alimentación.

Y plantea elaborar, a la brevedad, los manuales de procedimientos necesarios para regular la aplicación de medidas disciplinarias, en las que se respeten los derechos humanos, las reglas del debido proceso, en particular los de audiencia y defensa, y contar con el apoyo de intérpretes y traductores para las mujeres indígenas.

EUGENIA JIMÉNEZ