3 de mayo de 2013 / 12:20 a.m.

Ciudad de México • Christof Heyns, relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, recomendó al Estado mexicano reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para incluir el homicidio como uno de los crímenes susceptibles de ser comprendidos en la categoría de delitos relacionados con la actividad de la criminalidad organizada.

Planteó también la necesidad de transferir los homicidios presuntamente ligados a la criminalidad organizada a la jurisdicción federal, modificando la legislación federal a efecto de permitir que las autoridades federales investiguen, persigan y juzguen aquellos delitos cuando las autoridades estatales no estén en capacidad de hacerlo o carezcan de la voluntad para ello.

En conferencia de prensa, al hacer un resumen de la visita, señaló quealrededor de 60 por ciento de los homicidios registrados en los últimos años, se han atribuido al crimen organizado. No obstante, “sigue siendo responsabilidad de los estados prevenir estos asesinatos, e investigar con diligencia y procesar después de su perpetración”.

Según la información proporcionada por las autoridades mexicanas, fueron cometidos 102 mil 696 homicidios dolosos durante la pasada administración federal.

Según el gobierno, a lo sumo 70 mil de ellos fueron asesinatos relacionados con las drogas. A esto se le une, y de hecho contribuye a una impunidad sistemática y endémica. Solo entre uno y dos por ciento de los delitos, incluyendo homicidios, llega a ser condenados.

La gravedad de la situación, dijo, debe ser enfrentada y la mayoría de los funcionarios con los que se reunió, “estaban dispuestos a hacerlo”.

Reconoció que se han introducido una serie de reformas positivas, y otras se desarrollan y se instauraron recientemente. También se ha producido un cambio importante en el mensaje transmitido por las autoridades públicas.

Y consideró positivo el Pacto por México, porque tiene como objetivo "recuperar la paz y la libertad, disminuyendo la violencia, y en específico se focalizarán los esfuerzos del Estado para reducir los tres delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones".

Dentro de las estrategias para reducir la violencia, el Pacto por México propone la creación de una gendarmería nacional. “Sin embargo, hay muchas preguntas acerca de esta nueva fuerza de seguridad gubernamental”.

Y recordó que en cualquier país, los soldados que participan en actividades policiacas son notoriamente incapaces de apartarse del paradigma militar. Su formación suele dejarles en una condición inapropiada para la aplicación de la ley.

Entre las 31 recomendaciones previas que presentó el relator, porque será hasta el próximo año cuando presente el definitivo, llamó a adoptar en el corto plazo todas las medidas necesarias para que la seguridad pública sea garantizada por autoridades civiles y no por las fuerzas armadas.

Asimismo, las fuerzas de seguridad deben abstenerse de alterar las escenas del crimen, expuso.

Otra sugerencia es reformar el Código de Justicia Militar para garantizar que todas las violaciones a los derechos humanos, presuntamente perpetradas por militares, sean plenamente investigadas, perseguidas y juzgadas por autoridades civiles.

Debe garantizarse el traspaso de todos los casos. Las autoridades de la Procuraduría General de Justicia Militar no deben iniciar investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos.

Dijo que se debe garantizar que la anunciada gendarmería nacional sea creada por ley, entrenada propiamente para realizar tareas de seguridad pública, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, sometida a medidas efectivas de rendición de cuentas, así como dirigida por personal civil carente de antecedentes militares.

El relator planteó la necesidad de enmendar la Constitución con vistas a aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza –que comprenda su utilización durante manifestaciones y arrestos-, aplicable a todas las fuerzas de seguridad federal, estatales y municipales, de acuerdo con los más altos estándares internacionales en derechos humanos.

Y que México trabaje junto con los países de Centroamérica en el establecimiento de una base de datos compartida de huellas digitales, ADN, muestras genéticas y sobre personas cuyo paradero se desconoce.

EUGENIA JIMÉNEZ