7 de agosto de 2014 / 12:42 a.m.

Sin Julio Grondona para vigilar de cerca, se precipitó a fondo la investigación de un contrato por la televisación gratuita del balompié entre el gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuya sede fue allanada por orden de una jueza federal que investiga una denuncia por sospecha de fraude al Estado como derivación de ese acuerdo.

El jefe de Gabinete Jorge Capitanich rechazó el miércoles una denuncia por el desvío de dinero en ese contrato, un día después del allanamiento a la sede de la AFA ordenado por la jueza federal María Servini de Cubría y en el que se habrían secuestrado cheques y otros documentos, una semana después de la muerte de Grondona, todopoderoso dirigente del fútbol argentino durante 35 años.

Capitanich dijo que esa causa va tomando vuelo público de una "manera alevosa a impiadosa" y acusó a la denunciante, la legisladora Graciela Ocaña, de haber impulsado una "calumnia e infamia" y adelantó que la demandará.

El allanamiento se realizó justo cuando Boca Juniors y River Plate se pusieron a la cabeza de otros clubes en lo que podría desembocar en rebelión, al reclamar más dinero que el que reparte la televisión, algo que no pasaba durante la era Grondona, uno de los arquitectos de ese acuerdo firmado en agosto de 2009.

"Dejen de envenenar a la sociedad con datos falsos", reclamó a un sector del periodismo entre molesto y enojado el jefe de ministros, en una reunión de prensa en la casa de Gobierno.

El diario Clarín, apuntado por Capitanich como uno de los "envenenadores", publicó el miércoles que son 5.335 los millones de pesos (unos 645 millones de dólares) los que el gobierno lleva destinados en el Programa Fútbol Para Todos (FPT), una iniciativa gubernamental para la transmisión gratuita y en vivo de los torneos de primera división. La señal emitida, además de las imágenes del partido, incluye relatos, comentarios y tandas publicitarias propias que destacan publicidad institucional del gobierno.

Según la legisladora Ocaña, del partido opositor Confianza Pública, habría una diferencia de 630 millones de pesos (unos 76 millones de dólares) entre los que habría declarado recibir la AFA y lo que dijo haber pagado el gobierno el año pasado.

"Olfateo corrupción", dijo Ocaña a Clarín del miércoles.

Pero de lo que Ocaña está convencida es que el gobierno "montó el financiamiento de su propaganda política dándole fútbol gratis a la gente".

Capitanich, a su vez, brindó una extensa explicación con datos relacionados con el dinero, aunque como los hizo en general desde otro ángulo, no se pueden comparar con los de Clarín y los de Ocaña.

"Desde el Estado no puede salir ninguna suma de dinero sin previo dictamen de todas las áreas competentes", dijo el funcionario. "Y a su vez, cada partida debe estar incluida en el presupuesto nacional, la decisión reglamentaria, con la firma del funcionario y sometido" a una auditoría interna.

Por esa investigación, que tras la muerte de Grondona salió a la luz con más fuerza que nunca, además de Capitanich también están imputados sus antecesores Aníbal Fernández (actual senador nacional) y Juan Manuel Abal Medina (embajador en el MERCOSUR).

"No puede haber ninguna imputación, porque lo que hace el Estado es contraer una obligación y pagar los derechos de transmisión del fútbol", se defendió Capitanich.

El nuevo torneo argentino empezará el viernes y todos sus partidos podrán verse en forma gratuita por televisión en diversos canales, tal como viene sucediendo desde hace cinco años.

AP