10 de junio de 2013 / 01:33 p.m.

Guadalajara• La defensa del ex director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Rodolfo Ocampo Velázquez, prepara las pruebas que serán presentadas ante el juzgado quinto de lo penal, luego de haberle sido otorgada la ampliación de término constitucional.

El ex funcionario fue acusado de peculado y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

Ayer, en su declaración preparatoria, Ocampo Velázquez se abstuvo de declarar en torno a las acusaciones que se le hacen y solicitó la ampliación del término que establece la constitución de 72 horas para preparar su defensa.

Ocampo no puede obtener libertad bajo caución, ya que el monto de lo supuestamente extraído es de mil 200 millones de pesos.

El encargado del despacho de la Fiscalía Regional Zona Centro, Jorge Villaseñor, aseguró que hay más personas implicadas en el desvío de recursos, por lo que continuarán las investigaciones.

Detalló que a Ocampo también se le imputa la inversión de 280 millones de pesos en la Bolsa de Valores provenientes del programa Todos con Agua.

Desde este fin de semana, el ex funcionario está recluido en el penal de Puente Grande.

Al respecto, el arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, dijo que el gobierno del estado debe dar muestras claras de que va contra todos los funcionarios corruptos que se hayan aprovechado de su cargo para desviar recursos públicos.

“(Se debe investigar) a todos, sobre todo a quienes se tienen de alguna manera una sospecha o hay algún indicio de que haya sido así; creo que todos deberían ser sometidos a esta investigación”, señaló, tras ser cuestionado sobre la detención del ex director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

Comentó que es necesario que se compruebe el presunto desvío de recursos públicos por parte de Ocampo.

De acuerdo a un reporte del SIAPA, al menos 580 millones de pesos han sido desviados, de los cuales, 80 millones, aunque fueron invertidos en obras del programa, no se licitaron bajo la norma exigida por el BID, en tanto que 500 millones de pesos presuntamente se desviaron a gasto corriente.

EDUARDO GONZÁLEZ Y YENSI VELÁZQUEZ