6 de noviembre de 2013 / 12:08 a.m.

México.- Ante representantes de medios de comunicación y del público en general, como ordena la ley, se realizó una diligencia para el desahogo de pruebas en el proceso contra productores y distribuidores del documental "Presunto culpable", a quienes se reclama un daño moral por tres mil millones de pesos.

Gracias a que los demandados acreditaron a periodistas connotados, como Carmen Aristegui y Denise Maerker como sus representantes para acceder al expediente, la titular del Juzgado 18 Civil, Norma Alejandra Muñoz, decidió abrir la audiencia.

Las primeras diligencias, por órdenes de la jueza, se habían desarrollado a puerta cerrada, lo que permitió a los demandados alegar que con la conducta de los juzgadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) estaban tomando represalias por haber sido exhibidos en sus malas prácticas en el documental.Como parte de la diligencia se exhibió completa la película, ya que el demandante adujo que las declaraciones exhibidas fueron editadas y no corresponden a lo que realmente declaró.Por un lado, la supuesta víctima del daño moral, Víctor Manuel Reyes Bravo, presentó una copia certificada de la declaración que rindió en el juicio que retrata el documental para ser contrastada con lo que finalmente se exhibió.

Durante la diligencia declararon también el padre y el tío del demandante, quienes aseguraron que el joven ha sido víctima de burlas y agresiones en su entorno, luego de aparecer en la película.

La directora de la película, Layda Negrete, subrayó que el documental demuestra que la videograbación del joven se hizo en un espacio público, como en un juzgado, y por lo tanto no se puede dar crédito al señalamiento de que se invadió su privacidad, con lo que pudiera justificarse que haya daño moral.

En entrevista, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar, rechazó que el proceso contra los realizadores de "Presunto culpable" sea una venganza del tribunal.

Advirtió que se trata de una denuncia interpuesta por un particular que reclama el uso comercial de su imagen y los daños causados que por cuestión de competencia le corresponde resolver al tribunal que él encabeza.

Hizo notar que el TSJDF no puede rechazar sin razón una demanda sobre la que es competente, porque violaría los derechos fundamentales del denunciante.

Al respecto, subrayó que resulta absurdo decir que se trata de una venganza del tribunal "que no puede cerrarle la puerta a ninguna acción judicial que se pretenda entablar en contra de una persona".

También señaló que cualquiera que sea la resolución que emita la jueza encargada del caso, podrá ser apelada ante una sala y si todavía las partes están inconformes, pueden recurrir por la vía de amparo ante el Poder Judicial federal, donde eventualmente se resolverá en definitiva.

"Lo que no se vale es el escándalo y tratar de descalificar al tribunal", pues "lo que no podemos permitir nosotros es que nadie, nada presione a un juez para que resuelva, tienen que tener plena autonomía y plena independencia y no deben tener presiones de nada, ni amenazas de nadie".

Elías Azar recordó que la titular del Juzgado 17, donde recayó en primera instancia el asunto, se excusó, precisamente, por una serie de presiones y amenazas que optó por no resistir.

Ahora que el asunto está con la jueza 18, ella es la única que puede decidir el acceso o no de representantes de los medios a la sede del juzgado. "Digamos que es la dueña del juzgado, tenemos que respetar la sala de audiencia que es el juez, y nadie más que ella manda".

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