15 de julio de 2013 / 02:11 p.m.

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (CTAINL) se ha convertido en una noticia constante más por los escándalos y problemas internos de sus comisionados que por su papel de garante de la transparencia en el estado.

A lo largo de 10 años -el 3 de julio cumplió una década de su instalación-, una reforma integral a la ley y al menos 11 comisionados, tres de los cuales se fueron antes de culminar su periodo; las multas, sanciones ejemplares o meras confrontaciones con la autoridad han brillado por su ausencia.

Para los protagonistas de su nacimiento, el ente público está reprobado y algunos claman por su desaparición y dejar en manos del Poder Judicial la capacidad de tutelar las controversias entre los particulares y los sujetos de la ley.

Como diputados de la LXIX Legislatura, Juan Carlos Ruiz García (hoy también diputado local) y Héctor Gutiérrez de la Garza (actualmente legislador federal), buscan “enmendar” un organismo que nunca ha funcionado.

El primer presidente de la que surgió como Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), Luis Manuel Garza Villarreal, dice que este organismo es un “experimento fallido” y como tal debe terminar.

Denuncias, escándalos e inhabilitaciones

El 23 de julio de 2003, a sólo 20 días de haber iniciado su operación, la entonces CAIP estrenaba sus instalaciones en el Edificio Maldonado, sobre la avenida Constitución, en Monterrey.

Una plantilla de trabajo muy joven, en oficinas modernas que presumían sus paneles cristalinos como símbolo de la transparencia y tres ciudadanos presuntamente sin vinculación con los partidos políticos y el gobierno eran un buen augurio.

La “luna de miel” duró ocho meses, cuando el primer presidente del organismo, Luis Manuel Garza Villarreal, entregó su renuncia con carácter de irrevocable. Arguyó la intromisión del Gobierno Estatal luego de que la CAIP impusiera una multa ejemplar a la Universidad Autónoma de Nuevo León por rehusarse a trasparentar su nómina.

Los comisionados Daniel Ruiz y Alberto Sada, mostraron en ese momento su verdadero color. La operación de la Comisión se convirtió en un “circo de tres pistas” donde lo mismo había crisis labores hasta denuncias por la vinculación de uno de sus integrantes con la pornografía infantil.

El Congreso modificó la ley que creaba el organismo para dar cabida a un comisionado supernumerario, buscando equilibrar las fuerzas.

Al relevo entraron Cruz Cantú Garza y Lázaro Alejandro Cavazos Galván, quienes intentaron realizar algunas labores que fueron interrumpidas por la lucha entre Sada y Ruiz, hasta que éstos salieron oficialmente el 1 de noviembre de 2005, tras un proceso de más de ocho meses en el Congreso del Estado, donde tras ser sujetos de juicio político fueron inhabilitados para ocupar cargos en la función pública durante 10 años.

Luego, el 27 de enero de 2006, Gilberto Rogelio Villarreal de la Garza y Luz Amparo Silva Morín consiguieron el consenso de los 42 integrantes de la LXX Legislatura para integrarse como comisionados numerario y supernumeraria, respectivamente.

Cruz Cantú Garza y Lázaro Alejandro Cavazos Galván tuvieron un respiro y un segundo aire para trabajar; comenzó la revisión de los portales de transparencia en los municipios y sujetos obligados. Hubo cursos de capacitación y continuó la operación regular del organismo, que con sus bemoles vio un periodo más productivo en el que incluso se abrogó la ley vigente para aprobar una nueva más “operativa”

El 30 de junio de 2008, cambia el nombre del organismo a Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Nuevo León.

Pero la sombra de Alberto Sada permanecía. Aunque no pudo revertir su inhabilitación, sí ganó un juicio y salarios caídos por un millón y medio de pesos; sentencia cuyo cumplimiento demoraron hasta lo imposible.

“Tapadera oficial”

Con la entrada de Sergio Antonio Moncayo González y María Eugenia Pérez Eimbcke en 2010, comienzan los cuestionamientos en materia de sus funciones; organizaciones de la sociedad civil les acusan de ser “tapaderas” del Gobierno Estatal y fallar más en contra que a favor de los ciudadanos.

Pero también se ventilaron asuntos de operación relacionados con un mal manejo de los recursos de la Comisión, que a su juicio siempre fueron insuficientes para realizar sus labores, pero siempre “alcanzaron” para prestaciones de lujo: más de 350 mil pesos al año, vehículo, aguinaldo de 60 días y seguro de gastos médicos mayores con cobertura ilimitada para ellos y sus familias, además de un bono de retiro, entre otros beneficios.

Lista de comisionados

A lo largo de la historia de la Comisión, tres representantes dejaron el cargo antes de concluir su periodo.

Luis Manuel Garza Villarreal (renunció en 2004)

Alberto Sada Martínez (inhabilitado en 2005)

Daniel Ruiz (inhabilitado en 2005)

Cruz Cantú Garza

Lázaro Alejandro Cavazos Galván

Gilberto Rogelio Villarreal de la Garza

Luz Amparo Silva Morín

Guillermo Mijares Torres *

Rodrigo Plancarte de la Garza*

Sergio Antonio Moncayo González

María Eugenia Pérez Eimbecke

*Ambos culminarán su periodo en octubre de este año.

— DANIELA MENDOZA