15 de mayo de 2013 / 01:37 p.m.

Monterrey • La Comisión Estatal de Derechos Humanos logró acreditar que elementos policiacos de al menos cinco municipios estuvieron implicados en casos de desaparición forzada de personas, según dio a conocer este martes.

Según el informe, uniformados de Juárez, Cadereyta, Apodaca, Pesquería y Santa Catarina participaron en la desaparición de por lo menos 10 personas en distintos hechos durante el trienio pasado, por lo cual la CEDH emitió recomendaciones a los actuales gobiernos de los cinco Ayuntamientos.

Minerva Martínez Garza, titular del organismo, comentó que en algunos casos las resoluciones ya fueron aceptadas y cumplidas en forma parcial.

Uno de los cumplimientos fue la disculpa que ofreció ayer el alcalde de Juárez, Rodolfo Ambriz Oviedo, a las familias de cuatro jóvenes que hace varios meses fueron detenidos por tránsitos municipales, y entregados a la delincuencia organizada.

“(La CEDH) ha realizado cinco recomendaciones, en relación a que encontró los elementos necesarios para declarar que hubo desaparición forzada”, comentó Martínez Garza.

Los Ayuntamientos que recibieron las indicaciones fueron los de Apodaca, Pesquería, Juárez, Santa Catarina y Cadereyta.

En total son 10 las personas desaparecidas y una más detenida, con la aparente participación de policías de dichas localidades.

“Algunas personas están consignadas, algunas otras están dentro de una averiguación previa por algunos delitos que se pudieran haber cometido con referencia o en relación a estas desapariciones”, agregó la funcionaria estatal.

El municipio de Apodaca aceptó las recomendaciones hace algunos días; Pesquería aún no, y Juárez lo hizo el pasado 3 de mayo, dándole cumplimiento a los primeros ordenamientos apenas este martes 14.

Santa Catarina es otro de los que aún no ha aceptado las recomendaciones, aún cuando su plazo se le vence hoy, 15 de mayo. Cadereyta aceptó apenas ayer.

“Que aunque no haya un delito de desaparición forzada en la investigación de la Procuraduría, sin embargo, la Comisión puede señalar que nosotros sí encontramos elementos para decir que hubo desaparición forzada”, aseveró Martínez Garza.

Las recomendaciones son reparar el daño a los familiares directos de la persona o personas desaparecidas, y se les entregue una indemnización a los dependientes.

Este apoyo deberá incluir becas para los menores de edad, y ayuda para conseguir un empleo para el que así lo requiera.

También el respectivo Ayuntamiento deberá ofrecer una disculpa a las familias afectadas. Reconocer los hechos y aceptar la responsabilidad.

El alcalde en turno tendrá que ordenar a los responsables administrativos de las corporaciones aludidas, aplicar el reglamento interno al o los oficiales que participaron en los hechos.

El Gobierno local deberá colaborar y coadyuvar en todo lo necesario con la Procuraduría de Justicia para que dichos casos se resuelvan.

Las recomendaciones también contemplan atención médica y psicológica a los familiares de las víctimas de desaparición forzada, así como la capacitación permanente para policías y agentes viales con respecto a la protección de los derechos humanos, principalmente de aquel ciudadano que sea detenido.

Claves

Un tema añejo

- El delito de desaparición forzada de personas fue recién incluido en el Código Penal del Estado poco después del inicio de la actual Legislatura en el Congreso del Estado.

- Este delito, a diferencia de la privación ilegal de la libertad necesariamente contempla la participación de una autoridad en la desaparición de alguna persona.

- Sin embargo, aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos dice haber probado el ilícito, la Procuraduría General de Justicia no buscó configurarlo al detener a implicados de cada uno de los casos.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos dividió cada una de las recomendaciones en siete puntos específicos.

- Le repare el daño a los familiares directos de las personas desaparecidas.

- Se otorgue, por concepto de lucro cesante, una indemnización a todos los familiares directos que demuestren ser dependientes económicos de los desaparecidos. El referido apoyo deberá incluir, pero no se encuentra limitado a, becas para los menores de edad estudiantes y/o ayuda para conseguir un empleo a quienes se encuentren en posibilidad de laborar.

- Se ofrezca una disculpa que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, en desagravio de las víctimas y para satisfacción de sus familiares.

- La recomendación pide además que se instruya a través del Órgano de Control Interno la responsabilidad administrativa a los involucrados en los hechos.

- Cada municipio debe también colaborar en todo lo necesario con la Procuraduría General de Justicia a fin de que aporte todas las pruebas que se encuentren a su alcance para efectos de coadyuvar con las investigaciones que se lleven a cabo para localizar el paradero de los desaparecidos.

- Garantizar que se brinde atención médica y psicológica que requieran los familiares directos.

- Capacitación permanente sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, especialmente en la detención de personas y sus derechos en el desarrollo de la privación de su libertad.

AGUSTÍN MARTÍNEZ