24 de febrero de 2013 / 03:30 a.m.

Los inconformes aseguran que han exigido el cierre definitivo de ese recinto fiscal, debido a los presuntos actos de corrupción por parte del personal; sin embargo, autoridades firmaron un convenio para garantizar su continuidad.

 

CHIHUAHUA.- El activista Julián LeBarón y más de mil habitantes de la región noroeste de Chihuahua, bloquearon la Garita Aduanal del municipio de Janos, luego de que los gobiernos federal, estatal y 14 alcaldes de la región, firmaran un convenio para garantizar la continuidad de dicho recinto fiscal.

Al encabezar la manifestación de lo que llamó “una desobediencia civil” en contra del documento firmado este viernes en esta capital, LeBarón puntualizó que no estaban de acuerdo con esta decisión que se tomó “a nuestras espaldas”, dijo.

Explicó que desde hace varios años se está exigiendo el cierre definitivo de este recinto fiscal, debido a la serie de atropellos, actos de corrupción y la constante vejación por parte del personal aduanero, “y sin explicación alguna se toma la decisión a puerta cerrada para seguir con esta garita”, añadió.

Luego de criticar a los 14 alcaldes que firmaron el convenio con el gobernador César Duarte Jáquez y el director General de Servicios al Contribuyentes del SAT, Guillermo Valls Esponda, Julián LeBarón dio lectura a un manifiesto en ese lugar.

Mientras se preparaba la maquinaria pesada para abrir un gigantesco bordo para desviar el tráfico vehicular de la Garita Aduanal, el activista social se dirigía al mandatario estatal y al presidente de México, Enrique Peña Nieto.

“El pasado 18 de febrero los invitamos al Puerto de Janos: deseábamos que juntos quitáramos la primera tuerca de esta instalación o que se nos diera una explicación pública de porqué debe permanecer este control aduanal que tanto ha afectado los intereses económicos de nuestra región y atropellado a nuestra gente”.

“Ayer, 22 de febrero, en otra reunión a puerta cerrada se firmó un documento que no es solución justa a un reclamo de la ciudadanía; se explicó que se llegó a este acuerdo en actitud de la cultura de la legalidad. ¿Pero qué debemos hacer como ciudadanos cuando nos ofrecen una solución que carece de fundamento ético y moral?”, señaló.

Duarte Jáquez dijo que este convenio garantiza “la prestación de servicios ágiles y eficientes a los usuarios”, y que era el inicio de una solución de fondo que habremos de tener en una convivencia que, si bien es obligada, también sea armónica y respetuosa.

“Quiero reconocer la apertura del director general del SAT, Aristóteles Núñez, quien nombró como interlocutor a Guillermo Valls, a fin de que no se vuelvan a cometer abusos por parte de las autoridades a los habitantes de esos municipios”, concluyó.

Al respecto, Valls Esponda dijo: “para nosotros es primordial la defensa de los derechos humanos de los pobladores y facilitarles un fácil acceso por la garita: solicito el apoyo de los 14 alcaldes para un mejor cumplimiento de lo aquí acordado”, apuntó.

JUAN JOSÉ GARCÍA AMARO