19 de agosto de 2013 / 09:46 p.m.

 

Ciudad de México • A tres años de la masacre de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, el Tribunal Permanente de los Pueblos inició una preaudiencia en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la que reunió a familiares de las víctimas identificadas de la matanza, a fin de analizar la situación de los migrantes en el territorio mexicano.

En la inauguración del foro, que durará una semana, la organización civil internacional mencionó el nombre de las 39 víctimas identificadas, así como de las 33 que siguen sin ser reconocidas, por lo que al término de la preaudiencia varios de los activistas irán San Fernando para denunciar la falta de justicia para los fallecidos y las continuas agresiones contra quienes intentan cruzar a Estados Unidos.

Al respecto, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, comentó que la migración centroamericana ha sido objeto de violaciones a sus derechos humanos por parte de autoridades migratorias, así como de la delincuencia organizada.

En su momento, el padre Alejandro Solalinde, aseguró que las redadas han aumentado, por lo que la situación en las fronteras "continúa delicada porque no hay políticas públicas ni un reglamento a favor de los migrantes; la ley puede perfeccionarse, pero el reglamento la hace inoperante y no hay financiamiento".

El luchador por los derechos humanos de los migrantes, indicó que a pesar de que hay una mayor coordinación y esfuerzo en los estados de Chiapas y Oaxaca para evitar el tránsito de migrantes en el país, Veracruz y Tamaulipas no han colaborado lo suficiente y a consecuencia de ello la emigración del Salvador se ha disparado, casi en la misma medida que Guatemala y Honduras.

Solalinde, afirmó que debido a su labor recientemente fue amenazado por una persona que se infiltró en su albergue Hermanos en el Camino.

"Tengo una amenaza (…) no voy a decir de que cártel. Mi vida es muy dinámica, ahorita estoy aquí, me voy tres meses a Europa, regreso porque hay muchas invitaciones para lo mismo. Creo que no han encontrado la forma (de agredirlo) y ellos pensaron que a lo mejor desde dentro era más fácil. Pero no tengo una rutina y tengo agentes de seguridad", aseguró.

El padre dijo que los religiosos activistas y luchadores por los derechos de los migrantes se han visto en la necesidad de negociar con el crimen organizado, a cambio del rescate de personas en el desierto de Altar, en Sonora.

En entrevista, el activista puso como ejemplo al padre Prisciliano, conocido como “el mediador en Altar”, quien desde 2005 se dedica a negociar con los narcotraficantes de la zona dominada por los Zetas, para el rescate de personas a través de la Casa del Migrante.

Contó que en 2010 acudieron 150 representantes de Pastoral de la Movilidad Humana, al desierto de Sonora y tuvieron que pagar una cuota a los narcos del lugar para poder transportarse en unas camionetas "de esas que parecen de político".

"¿Ustedes creen que podíamos ir así sin el permiso de ellos? Para nada, tuvieron que negociar, Prisci fue nuestro representante para pedir permiso. Tuvimos que pedir permiso para cruzar diferentes territorios de diferentes cárteles (…) En el caso del padre Prisci es imposible estar en esa mafia y no negociar, sí no lo hace lo matan, es necesario porque importa la vida del migrante", afirmó.

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