16 de marzo de 2013 / 12:39 a.m.

Oaxaca de Juárez • Activistas y profesores de la sección 22 ligados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), realizaron el bloqueo y toma “simbólica” de la mina de plata de la comunidad indígena San José "El Progreso", que es explotada por la canadiense Bue Silver, para exigir su cierre definitivo y exigir justicia por el asesinato de su líder asesinado Bernardo Váquez ocurrido hace 4 meses por la disputas internas por la operación de la factoría.

Durante la protesta se reportaron disparos al aire por parte de lugareños y seguidores del alcalde del poblado Mauro Alberto Sánchez Hernández quienes trataron de impedir la movilización.

Los integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, y del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, además observadores de derechos humanos nacionales e internacionales, repudiaron el clima de tensión que priva en la zona y demandaron al gobierno estatal la aplicación de medidas cautelares en apoyo de los opositores antiminas.

El Colectivo en Defensa de los Territorios está formado por de las organizaciones Tequio Jurídico, Servicios del Pueblo Mixe, Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto“, Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C. y CODIGO DH, precisaron que bajo resguardo de la mina hay grupos paramiltares armados con rifles de asalto.

En tanto el delegado de la Secretaría de Economía (SE) Joaquín Noyola, aclaró que a pesar de las presiones que realizan diversas organizaciones sociales y profesores, no se revocara el permiso de extracción y concesión otorgado a la mina de plata de San José “El Progreso”.

El funcionario federal, precisó que las concesiones minera autorizada a favor de la factoría se encuentra en regla y no se ha encontrado alguna anomalía para revocarla.

“La concesiones mineras las otorga la Secretaría de Economía, las minas que están operando en Oaxaca cuenta con los permisos para operar y hasta donde tengo información lo hacen de una manera normal”.

Precisó que cada uno de las minas que operan en el territorio estatal lo hacen en regla con documentos y sus permisos establecidos.

Dijo que es evidente que en cada zona de influencia de las minas haya problemas sociales, pero estos son desahogados en apego a la institucionalidad para que no generen un factor de riesgo para la inversión.

Noyola, refirió que el gobierno estatal es el responsable de atender cada uno de los puntos álgidos que puedan surgir con algún grupo que muestre inconformidad por la operación de un proyecto de alto impacto, “tengo entendido que el conflicto en San José “El Progreso” está encauzado”.

Aclaró que sola la mala operación de una mina, que genere contaminantes o implique un riesgo para la zona de influencia donde labora, podría ser una causal para que se revoque el permiso de operación pero este tipo de elementos se deben comprobar, “ no se pueden levantar falsos solo por dichos y chismes en contra de una empresa donde hay una fuerte inversión aplicada”.

Noyola, refirió que la presión de los grupos antiminas, no solo perjudican a sus propias comunidades, sino afectan el progreso de la entidad, por que la operación de una mima implica una fuerte generación de fuentes de empleo.

Refirió que en el caso de las quejas contras las factorías que han incurrido en presuntas irregularidades se deben validar ante un órgano facultado que no está en Oaxaca, refiriendo que la delegación de la Secretaría de Economía puede fungir como ventanilla de estas observaciones o solicitudes.

Mientras tanto el titular de la Procuraduría de Justicia Manuel de Jesús López, adelanto que continúan las investigaciones para lograr con el paradero del auto material e intelectual del crimen del activista, precisando que se sigue una línea firme de investigaciones relacionado con la venganza personal.

OSCAR RODRÍGUEZ