26 de enero de 2013 / 09:30 p.m.

Monterrey.- • En busca de regular totalmente el transporte escolar, la directora de la Agencia Estatal del Transporte hizo un llamado a los padres de familia que utilizan vehículos particulares para trasladar a los niños, para que cumplan con la normativa.

María de Jesús Aguirre exhortó a los padres de familia a que inspeccionen las condiciones físicas y mecánicas de las unidades, así como lo hacen quienes cuentan con el permiso para ofrecer dicho servicio.

También recomendó revisar la cobertura del seguro del vehículo que utilicen como transporte escolar, para verificar si en caso de un accidente se cubren los gastos para todos los ocupantes.

“Hay transportes escolares irregulares lamentablemente, también hay una práctica que entre varios padres de familia se ponen de acuerdo, pagan la gasolina o una cuota hará trasladar a los niños y ahí están haciendo una labor de servicio de transporte escolar, aun cuando no tienen la autorización de la Agencia Estatal del Transporte”, mencionó.

La intención es que los padres de familia opten por un transporte escolar verificado por la dependencia estatal.

La funcionaria estatal indicó que han celebrado reuniones con la Secretaría de Educación, para acordar la colaboración en la revisión de las unidades lo cual le facilitaría a la AET.

“Estamos trabajando de la mano para poder revisar junto con las escuelas, porque ahí también se acercan personas que requieren de autorización para transportar niños”, señaló.

Actualmente se tienen registradas casi mil 600 unidades de transporte escolar, algunas de las cuales pasan de una antigüedad de 15 años, por lo que la intención de la AET es disminuir su tiempo de vida.

Este viernes, el diputado panista Jesús Hurtado, propuso una reforma a la Ley del Transporte que incluye la disminución de antigüedad a ocho años, y con ello reducir el riesgo para los menores de edad.

Las multas para los propietarios de transporte escolar que no cumplen con la normativa vigente, asciende hasta los 300 salarios mínimos aunque no se ha analizado la posibilidad de modificar las sanciones económicas.

SANDRA GONZÁLEZ