30 de abril de 2013 / 02:33 p.m.

Monterrey • Molestos porque la Secretaría de Finanzas reveló que la sesión obligatoria del Consejo Metropolitano se realizó sin la presencia de los municipios, alcaldes panistas amagaron ayer con promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia.

Un día después de que este hecho salió a luz durante el programa Cambios, la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, dijo que, de confirmarse la existencia de la reunión, ésta carece de validez, pues ellos no fueron convocados.

Por ello, dudó sobre la veracidad de la afirmación y sostuvo que, a su juicio, el estado sólo “empapeló” la sesión para acceder a los recursos del Fondo Metropolitano.

“"Sí existe la posibilidad (de promover la controversia), vamos a agotar los tiempos, todo lo que es la negociación, lo que es el diálogo"”.

¿Cuánto tiempo le dan al estado?

“"Yo creo que esta semana, si no, vamos a tener que tomar medidas. Sí (sería antes que un amparo) y además buscar también cuál sería el mecanismo para resaltar esa invalidez que tiene la conformación del Consejo"”, manifestó.

La munícipe acusó a la administración estatal de mantener un doble discurso en este asunto, pues si bien ofrecen diálogo, también publican un listado de obras que se financiarán con la partida federal y sesionan en lo oscurito sin convocar a los alcaldes.

“"Vemos un desaseo no nada más político, sino también jurídico, esto no puede ser así. No se ponen de acuerdo el tesorero, el subsecretario, no se ponen de acuerdo nadie, ni siquiera en qué es lo que van a decir o los argumentos que van a dar, lo vemos que es muy lamentable"”, consideró Arellanes.

El alcalde de Santa Catarina, Víctor Pérez Díaz, se sumó a la estrategia al señalar que tenía listo el recurso para ser presentado ante la Suprema Corte de Justicia.

“"Nosotros seguimos analizando cualquier postura en la que en un momento dado nos hayamos visto afectados. Yo en lo personal tengo preparado una controversia constitucional, y bueno, lo importante es que voy a defender el derecho de la gente de Santa Catarina"”, precisó.

Ugo Ruiz, alcalde de San Pedro, puntualizó que la controversia es una vía que se puede agotar, pero sin comprometer su apoyo a la medida.

Pese a ello, el Gobierno de Nuevo León defendió la legalidad de las tres sesiones realizadas entre febrero y marzo, y dejó en manos de los municipios la decisión de llevar el caso ante el máximo tribunal del país.

“"Está en las reglas, hay minutas de por medio de las sesiones que se han tenido, eso cubre legalmente el expediente… repito, el diálogo, la apertura, ha estado siempre en la mejor disposición por parte del gobernador del estado, de su equipo de trabajo.

“"Si esto (la controversia) es cierto tendrán su derecho de manifestarlo de la manera que les convenga"”, respondió Jorge Domene Zambrano, jefe de la Oficina de la Gubernatura.

LUIS GARCÍA