VÍCTOR HUGO MICHEL
23 de junio de 2013 / 04:55 p.m.

Kuala Lumpur, Malasia • El sinuoso camino de los hermanos González Villarreal rumbo al patíbulo llega a una de sus escalas finales. Luego de haber sido condenados en 2012 a morir en la horca por el delito de narcotráfico, los tres mexicanos volverán a las cortes de Malasia la mañana de este lunes –domingo por la noche, tiempo de México—para apelar y tratar de revocar su sentencia de muerte.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Malasia definirá en las próximas horas si anula la condena de José Regino, Luis y Simón González Villarreal o, si por el contrario, ratifica la pena capital que les fue impuesta en mayo del año pasado por el juez Mohamed Zawawi. Será una de las últimas oportunidades legales al alcance de los sinaloenses antes de ser remitidos, irremediablemente, al cadalso.

A diferencia de un largo proceso en el que han debido encarar la justicia de Malasia prácticamente solos, en esta nueva etapa los mexicanos estarán acompañados por su familia, que envió a dos de sus integrantes a Kuala Lumpur ante la posibilidad de que les liberen. En una de sus vertientes, la apelación podría terminar no sólo con la absolución de los González Villarreal, sino con su deportación fast track a México, con el regreso a Sinaloa tras cinco años de ausencia.

"Esperamos, Dios mediante, traerlos de vuelta a Culiacán", confió Alejandrina González Villarreal, su hermana menor. Junto con Consuelo Soto, esposa de Luis, emprendió la travesía para estar presentes la mañana del lunes en la cita judicial a manera de apoyo moral. Con la asistencia del gobierno mexicano, ambas permanecerán en Kuala Lumpur hasta el martes, día en que se dará a conocer el veredicto de la Corte de Apelaciones.

El argumento central de la apelación que se discutirá en las próximas horas se sustenta en un oscuro pero significativo incidente ocurrido en agosto de 2008, cuando desaparecieron de custodia policial la mitad de las evidencias que vinculaban a los González Villarreal a la fábrica de metanfetaminas en la que fueron detenidos a principios de ese año.

Las evidencias –varios kilogramos de droga y precursores, además de instrumentos de laboratorio—fueron sustraídas de las instalaciones de la Real Policía de Malasia por un comando armado, sin que jamás se esclareciera exactamente qué sucedió. Lo único claro es que parte de las pruebas incriminatorias, que debían haber estado bajo control absoluto del Estado, fueron manipuladas por agentes externos. Y ello lleva a una duda razonable que se puede resumir en un argumento sencillo y, espera la defensa, irrefutable: ¿es posible sentenciar a tres personas a morir cuando quedan algunas interrogantes, por más milimétricas que éstas sean?

 

En resumidas cuentas, los tres sinaloenses pedirán al panel colegiado de jueces sopesar de nuevo el caso, poner el trabajo de Zawawi sobre la balanza y, a la luz de las irregularidades técnicas documentadas, liberarles. Es un concepto que, en sus bases, se asemeja a lo que sucedió con la francesa Florence Cassez en México, a quien se excarceló por las fallas al debido proceso.

Si los jueces malasios se inclinarán por esa vía, está por verse. Lo cierto es que con esta escala casi se agotan las opciones legales de los hermanos mexicanos para eludir la horca. Si la Corte de Apelaciones no falla a su favor, tendrán que seguir un camino muy similar al de Cassez y depositar todas sus esperanzas en la Corte Federal de Malasia, el equivalente a la Suprema Corte de Justicia de México. Eso podría tomar hasta media década, tiempo durante el que permanecerían en el “cuarto final” o pabellón de condenados a muerte de la prisión de Kajang, en el que hasta el 70 por ciento de los reos desarrolla enfermedades mentales debido a la presión de saberse “muertos que caminan”, como se conoce a los sentenciados.

Pero si su juicio tomó cuatro años, su apelación se resolverá probablemente en cosa de dos días. "En esta etapa esperamos que podría ser una decisión rápida ", estimó Reyna Torres, directora general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. "Aquí la cuestión principal, como lo argumenta el abogado de los mexicanos, es que no estaban informados de las condiciones de lo que estaban involucrados. Ellos no eran actores principales en este tema".

 

Para enfrentar al panel judicial que decidirá si ratifica su condena a muerte u ordena su liberación, los hermanos González Villarreal serán llevados el lunes por la mañana al Istana Kehakiman o Palacio de Justicia de Putrajaya, la capital administrativa de Malasia, a una media hora de distancia de Kuala Lumpur.

Es un edificio monumental cuyos arquitectos copiaron a propósito el Taj Mahal de la India a manera de homenaje y que como todos los complejos judiciales del país, está construido frente a una mezquita, para significar el respeto del Estado a las leyes del Corán.

Ese será el escenario en el que los sinaloenses comparecerán por espacio de varias horas. En esta ocasión no tomarán el estrado ni repetirán los discursos que hace un año dieron en pos de su inocencia. No tendrán interacción alguna con los jueces y simplemente se les encadenará al banquillo de los acusados, mientras se revisan los argumentos legales presentados por la defensa y fiscalía. El martes volverán, sólo para escuchar el veredicto.

Los mexicanos serán representados, como desde hace dos años, por el abogado Kitson Foong, quien ya desde el final del juicio, en 2012, confiaba en que la apelación tendría más probabilidades de éxito debido a que no participará el juez Zawawi, conocido como Soga por su propensión a enviar personas a la horca.

"La Corte de Apelaciones suele escuchar estos casos", dijo en mayo del año pasado.Pero lo que viene, en sí, es un misterio. No existen estadísticas sobre cuántos casos de pena de muerte son anulados todos los años por la Corte de Apelaciones de Malasia. No hay cifras disponibles que permitan trazar una idea de las posibilidades de los mexicanos. El más reciente juicio de alto perfil que llegó a la Corte, el de la japonesa Mariko Takeuchi, fue rechazado en marzo pasado. El panel de jueces ratificó su sentencia.

Pero si bien en lo legal esta es una de las últimas opciones de los mexicanos, en lo político su caso –y el de cientos de otros condenados a muerte-- parece beneficiarse de nuevos aires que soplan sobre Malasia. Desde finales de 2012, el gobierno del primer ministro, Najib Razak, analiza la posibilidad de suspender las ejecuciones y ha lanzado sondas para ver qué tan aceptada sería la idea de conmutar las sentencias de muerte por narcotráfico a cadena perpetua.

Actualmente, al menos 902 personas, entre los que se encuentran mexicanos, japoneses, nigerianos, australianos, iraníes, indonesios y filipinos, están condenados a morir colgados en este país asiático. Suspender la pena de muerte es un paso que, en el pasado, hubiera sido inconcebible, en especial debido a la popularidad que tiene esta medida entre la sociedad del país. Hasta el momento no hay una decisión sobre el tema.

Pero en tanto ese día llega –si es que llega-- los procesos abiertos, como el de los González Villarreal, deben seguir su camino.