20 de septiembre de 2013 / 02:13 a.m.

Monterrey • El Congreso del Estado arrancó este jueves las mesas de trabajo para analizar reformas al Código Penal e incluir sanciones para aquellas personas que adiestren a menores de edad en el uso de las armas.

El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad, Francisco Cienfuegos Martínez, explicó que se trata de una propuesta del PRI, en la que se pretende sancionar con cárcel a quienes muestren a los jóvenes cómo usar las armas de fuego y más adelante estos terminen de delincuentes.

“Esta iniciativa tiene como fundamento principal todos aquellos tratados internacionales que México ha suscrito como país y tratando el cuidado de los menores. Que los mayores de edad presten atención en sus casas de las actividades que están haciendo sus hijos”, explicó Cienfuegos Martínez.

Cabe señalar que la propuesta agrega el artículo 200 bis al Código Penal, para castigar con una pena de 6 a 15 años de prisión y multa de 200 a mil cuotas a quien proporcione o permita, a un menor de edad, entrenamiento sobre la utilización de armas de fuego o explosivos, sin contar con la autorización correspondiente.

En caso de tratarse de un funcionario público, se sancionará hasta el doble de la pena de prisión y se inhabilitará de 6 a 15 años para ejercer cualquier cargo.

La propuesta surge por los casos de menores que usan armas, en los que se presume que una persona adulta lo entrenó para ello; así como también tiene la finalidad de disminuir los índices delictivos en el estado.

Sin embargo en la mesa de trabajo se englobó el tema del abuso a menores, por lo que también se analizaron sanciones a quien promueva, facilite u obligue a un menor de edad a observar actos de exhibicionismo corporal o de pornografía.

En la mesa de trabajo estuvieron presentes los diputados Lorena Cano López, Fernando Elizondo Ortiz y Luis David Ortiz Salinas, la juez primero de lo penal María del Rosario Garza, miembros de asociaciones y clubes de caza en la entidad y personal de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y del Instituto de la Defensoría Pública.

REYNALDO OCHOA