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Aplazan liberación de presos por disturbios del 10 de junio

"Se quedarán todo el fin de semana, porque desde la procuraduría se inscribieron mal los nombres", explicó el abogado Vidal Rojas.

México

México ? Los siete jóvenes del Frente Oriente detenidos en la marcha del 10 de junio pasado obtendrán su libertad hasta el próximo lunes, cuando el juzgado 11 penal de delitos no graves concluya los trámites administrativos.

Errores en la inscripción de sus nombres provocaron que su estancia en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente se prolongara dos días más, según sus abogados.

"Los jóvenes se quedarán todo el fin de semana, porque desde la procuraduría se inscribieron mal los nombres y el juez dijo que aunque tenía toda la disposición, el trámite iba a concluir hasta el lunes", explicó Vidal Rojas.

Los jóvenes pagaron la fianza de 170 mil pesos que les impuso el juez Manuel Rangel Preciado, desde el viernes por la tarde, luego de que sus familiares y amigos realizaran colectas para reunir el dinero.

La afianzadora entregó los documentos hasta ayer, derivado de los trámites de oficio, pero al corroborar las identificaciones oficiales y los nombres asignados al expediente, determinaron que no coincidían, por lo que era necesario reexpedir las boletas de libertad.

"Tres de los jóvenes podían salir libres hoy (ayer), pero se determinó que, en solidaridad con los otros detenidos, el trámite sería generalizado para que el lunes a primera hora puedan gozar de su libertad", agregó el litigante.

Diego Mora Cardoso, Fredy Rosete Arispe, Diego Jacob Rodríguez Lara, Carlos Esteban Jiménez Martínez, Jorge Alejandro Velázquez Picaso, Carlos Vázquez Martínez y Luis Barrera rindieron su declaración preparatoria como presuntos responsables de los delitos de ultrajes a la autoridad en pandilla, ataques a la paz pública y daño a la propiedad doloso.

Los jóvenes pretenden aportar pruebas a su favor, pero en el expediente fueron anexadas imágenes de video y fotográficas que comprueban su participación en las agresiones a policías y funcionarios del gobierno capitalino.

Aun así, pidieron la duplicidad del término constitucional de 72 horas, por lo que el juez penal de delitos no graves tiene hasta el próximo miércoles para definir la situación jurídica de los detenidos, al dictarles auto de formal prisión o de libertad.

Durante esta audiencia, los acusados deberán presentarse al juzgado, localizado en la calle Sullivan, para atender los requerimientos del impartidor de justicia.

Queda pendiente que el MP concluya el desglose que dejó pendiente por los delitos de robo y lesiones, de los que fueron víctimas Pedro Bello, director de Gestión Social de la Secretaría de Gobierno, y su compañero Carlos Díaz Morales.

 

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