2 de junio de 2013 / 12:01 a.m.

 

 

Monterrey.- • Al final de su primer año de sesiones, el Congreso del Estado aprobó la Ley contra el Acoso Escolar y la Violencia Escolar o contra el *bullying, en la que se contemplan sanciones contra los alumnos responsables de agresiones hacia compañeros.

Édgar Romo, coordinador de la bancada priista del Congreso, expuso que la Ley comenzará con el próximo ciclo escolar, en donde cada uno de los planteles de Nuevo León deberá contar con una brigada *antibullyng, integrada por maestros, padres de familia, el director del plantel y alumnos, quienes determinarán las sanciones para cada uno de los casos de agresores.

“Es la Ley contra el Acoso Escolar y la Violencia Escolar, esto es el fenómeno conocido como *bullying; es una ley que trata de proteger a la niñez y adolescencia, generar un entorno de paz en las escuelas. Se propone que en cada escuela haya una brigada que va ser el órgano de autoridad para definir los casos de *bullying; en esta brigada escolar, participará el maestro, el padre de familia, la dirección de la escuela y los alumnos. Ellos en conjunto van a atender cada caso de acoso escolar o *bullying que haya en las escuelas y van a establecer unas medidas disciplinarias que solo son correctivas y preventivas”, explicó.

Romo detalló que los tipos de acoso son el físico, verbal, psicológico, cibernético, sexual y de exclusión social, siendo el método para conocer estos casos el de denuncias en cada plantel y, para lo cual, se instalarán buzones para dejar mensajes anónimos en caso de temor a represalias.

Según el diputado Édgar Romo, las medidas disciplinarias para los agresores serán correctivas y preventivas, evaluadas previamente por la brigada *antibullying, y de las cuales la expulsión del alumno no se incluye en las sanciones.

Se contempla como correctivo desde el trabajo en escuela, la obligación de llevar terapia con psicólogo o trabajador social, apoyo a las víctimas para atender los casos en que hubiera resultado con algún daño físico.

También hay medidas para autoridades que van desde amonestación hasta destitución. Hay recursos para que si los padres no están de acuerdo con la sanción, pueden imponer un recurso. La expulsión no está considerada como un método para erradicar la violencia.

“No podemos echar fuera a nuestros hijos de las escuelas, tenemos la obligación de educarlos, hay que volverlos a integrar a la comunidad, al expulsarlos los excluimos de la comunidad educativa y creamos un delincuente en potencia al quitarle la oportunidad de que siga estudiando”, manifestó.

No obstante, se mencionó que se ofrecerá atención psicológica o de trabajo social a los alumnos agresores y sus familias, así como la atención a las víctimas, siendo de forma obligatoria tener al menos uno de estos profesionales en salud mental en cada uno de los planteles.

De igual forma, se obligará a los planteles a tener una estadística de sus casos para luego someterlos a un Consejo Estatal, mismo que se encargará de revisarlos, protegiendo los datos personales, para así crear una agenda sobre cómo erradicar este método y aminorarlo hasta su erradicación.

“Por primera vez, se establece la obligación de llevar un sistema de estadística estatal local, cada escuela deberá tener obligación de registrar los casos con la protección de datos personales de los agresores y víctimas para poder tener un registro estatal de todos los casos de bullying que hay en el estado y llevarlo a un gran consejo, donde se reconoce el problema”, expuso.

Israel Santacruz