5 de enero de 2013 / 12:36 a.m.

Oaxaca • El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, afirmó haber dado cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en favor de 135 familias triquis desplazadas de la comunidad indígena de San Juan Copala, a quienes ha ofrecido alojamiento y acompañamiento, en tanto se generan las condiciones que garanticen el retorno seguro y perdurable a sus comunidades de origen.

Sin embargo, un grupo disidente mantiene presión en una de las calles circunvecinas al Palacio de Gobierno, donde recrimina la falta de atención a sus reclamos por parte del gobierno oaxaqueño.

Cué reafirmó su decisión de acatar estrictamente las recomendaciones emitidas por los organismos nacionales e internacionales de los derechos humanos.

Indicó que como testimonio de este compromiso, la administración estatal otorgó por única vez -en diciembre de 2011 y enero de 2012- un apoyo de 150 mil pesos a cada una de las familias cauteladas, cuyos recibos obran en los archivos de la Secretaría General de Gobierno y han sido presentados ante los medios de comunicación.

Precisó que en todo momento ha brindado su respaldo y acompañamiento a los desplazados, trazando una ruta de retorno seguro a sus comunidades, en coordinación con las autoridades municipales y agrarias de la región, y prever las mejores condiciones que garanticen la solución permanente al conflicto que le dio origen.

En este sentido, el año pasado se autorizó una inversión presupuestal de 68 millones de pesos distribuido en las 32 agencias municipales de la zona triqui.

Durante octubre pasado, en la agencia de San Juan Copala, se restablecieron los servicios educativos luego de tres años sin clases, debido a la alta conflictividad.

Cabe mencionar que en agosto del año pasado, cerca de 40 indígenas triquis decidieron plantarse nuevamente en los portales del Palacio de Gobierno, por las condiciones mínimas de bienestar en que habitaban niños, mujeres gestantes y ancianos.

Antes, autoridades estatales ofrecieron a las familias desplazadas un predio de dos hectáreas de superficie, ubicado en el municipio de San Pablo Etla, para el traslado temporal de su campamento, ofrecimiento que fue rechazado por los cautelados.

Sin embargo, de las 40 personas que participan en el plantón triqui, solo cuatro de ellas son beneficiarias de las medidas cautelares, a quienes ya les fue cubierto el apoyo económico de 150 mil pesos otorgado por el gobierno bajo el concepto de resarcimiento de daños por las afectaciones sufridas.

En el caso de una persona no aplicó este apoyo, debido a que no cumplió los criterios definidos por los propios beneficiarios de las medidas cautelares.

En consecuencia, por las condiciones insalubres y de vulnerabilidad en que se encontraban las familias triquis que pernoctaban en el corredor del Palacio de Gobierno, el pasado 23 de diciembre se implementó un operativo para recuperar este espacio.

Se aplicaron los protocolos del uso de la fuerza pública, de persuadir por medio del diálogo y exhortando a las personas que ocupaban dichos espacios a que se retiraran, además de reiterar su ofrecimiento de un albergue con alimentación y servicios médicos a los inconformes.

El gobernador Gabino Cué explicó que se trató de una decisión gubernamental fundada en razones humanitarias, que busca evitar a toda costa que se deterioren las condiciones de salud y bienestar de este grupo de manifestantes, que en su mayoría se encontraba en una situación física de alta vulnerabilidad.

Mencionó que en la liberación del corredor de Palacio de Gobierno participaron elementos de las policías Estatal y Municipal de Oaxaca de Juárez, operativo que fue supervisado por personal de diferentes organismos defensores de los derechos humanos.

El dispositivo se desarrolló con un saldo blanco, no se registró ningún tipo de enfrentamiento y no hubo personas detenidas. Entonces, los inconformes se apoderaron de la calle Ricardo Flores Magón, en el Centro Histórico de la ciudad.

Cué lanzó un llamado a los manifestantes a conducir sus acciones por la vía institucional y no permitir la injerencia de personas ajenas a su movimiento, ya que solo buscan obstaculizar los acuerdos en forma sistemática, con el fin de obtener recursos y beneficios personales a costa de los intereses de este pueblo indígena.

Tal fue el caso del menor, hijo de Valentina Merino Martínez y Lázaro Hernández Hernández, quien perdió la vida el pasado 28 de diciembre en la Clínica de Salud ubicada en el municipio de San Jacinto Amilpas y fue trasladado al campamento triqui, buscando hacer de este hecho lamentable, una bandera política.

Cabe mencionar que en solidaridad con los deudos, el gobierno oaxaqueño cubrió los gastos funerarios del menor.

"El llamado es deponer actitudes de hostilidad y extremismo contribuyendo a la búsqueda de soluciones rápidas y de fondo al conflicto y problemática social", precisó el mandatario.

Óscar Rodríguez