12 de agosto de 2013 / 02:42 a.m.

 

Monterrey • Al señalar que son respetuosos de las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Gobierno del Nuevo León, el jefe del ejecutivo estatal, Rodrigo Medina dijo que atenderán las demandas interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Milenio Monterrey dio a conocer que el órgano interpuso una demanda de acción de inconstitucionalidad por tres normas legales de Nuevo León en materia de delincuencia organizada, al considerar que violan la Constitución Federal.

Esto porque los diputados locales invadieron la atribución exclusiva de sus homólogos a nivel federal tomando como fundamento que la facultad para legislar en materia de delincuencia organizada le compete únicamente al Congreso de la Unión.

Ante esto el mandatario omitió alguna postura y dijo que esperarán tener más detalles del caso para dar una respuesta.

"Atenderlas, vamos a estudiarlas muy bien y en caso de que haya algo que realmente pudiera llamar la atención para hacer alguna acción por parte del gobierno con mucho gusto la haremos, vamos a estar muy atentos a ellos", dijo.

Las reformas en cuestión son a la Ley de Ejecución de Sanciones, al Código Procesal Penal y al Código de Procedimientos Penales de Nuevo León que se publicaron en el Diario Oficial del Estado el pasado 10 de julio.

"Vamos a analizar el punto de vista de la Comisión y actuaremos en consecuencia", estableció.

Al cuestionar al mandatario estatal si hubo consenso con la CNDH para realizar dichas reformas, Medina de la Cruz dijo desconocer si se realizó a nivel federal esta acción.

"Vamos a analizar, no quisiera dar algo a priori, vamos a tomarlo con mucha seriedad, todas las recomendaciones que hace la Comisión de Derechos Humanos son muy importantes para nosotros", dijo.

De acuerdo al escrito presentado por la CNDH considera que el Congreso del Estado de Nuevo León incurrió en anomalías al dejar la prisión preventiva al amparo de criterios discrecionales lo que violenta los principios de seguridad jurídica y discrecionalidad.

También señala que se violenta la privacidad de los testigos a quienes se les pide pruebas de ADN para acreditar su identidad.

SANDRA GONZÁLEZ CORTÉS