13 de agosto de 2013 / 11:25 p.m.

México • Luego de 12 años de su muerte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraerá el caso de Digna Ochoa y Plácido y revisará las supuestas "irregularidades" del Gobierno mexicano, en especial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), al concluir que la activista veracruzana "se suicidó de tres disparos y no asesinada", informó la abogada Karla Michel Salas.

La abogada, quien litiga el caso junto con David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), informó que el pasado lunes 5 agosto la CIDH notificó su determinación para revisar el expediente, así como las supuestas irregularidades cometidas por las autoridades judiciales capitalinas para determinar si Digna Ochoa "se suicidó" el 19 de octubre de 2001 en esta capital.

Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna Ochoa, explicó en conferencia de prensa que la batalla legal contra la resolución de la PGJDF, en ese entonces a cargo de Miguel Ángel Mancera, inició hace dos años con los abogados David Peña, Karla Michel Salas, y Miriam Pascual, y el pasado 14 de marzo se realizó una audiencia en la sede del organismo en Washington, donde se informó a los comisionados que desde 2001 el Estado mexicano incurrió en diversas anomalías y violaciones en el proceso.

"No hubo justicia ni esclarecimiento de los hechos, toda vez que en julio de 2011 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al mando entonces del actual jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, cerró el caso", dijo Jesús Ochoa y Plácido.

La PGJDF concluyó que Digna "se suicidó de tres disparos" y, aunque se promovió un amparo para impugnar, se les fue negado por el juez séptimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México.

Por ello, la familia de la defensora decidió acudir ante la CIDH, ya que durante los más de 10 años de investigación el Ministerio Público capitalino "demostró" que se actuó contra los derechos de la víctima.

Los litigantes del caso, argumentaron que hubo deficiencias del sistema de justicia que derivaron en diversas violaciones a las garantías fundamentales, entre otras cosas, desecharon en 2004 la hipótesis de que Digna Ochoa fue asesinada por defender a grupos ambientalistas del estado de Guerrero. Se señaló como sospechoso a Rogaciano Alba Álvarez, ex dirigente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero y cacique de la zona de Petatlán en ese estado.

Y lo grave, argumentaron los litigantes, es que las autoridades capitalinas se dieron a la tarea de desprestigiar a la defensora, cuestionar su vida personal, investigar su preferencia sexual, su estado de ánimo, creencias religiosas, y sus relaciones laborales y de amistad.

La CIDH abrió un expediente del caso, algo no habitual por parte de la comisión. En 2003 la instancia envió a México un equipo de expertos en criminalística, balística y patología forense para investigar el hecho, y ahora revisará el caso para determinar en breve si hubo violaciones a las garantías por parte del Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal.

BLANCA VALADEZ