5 de febrero de 2013 / 01:09 a.m.

“No como el sistema que se implementó en el sexenio pasado y que dejó más de 60 mil muertos, porque parece que solamente se justifica el recurso destinado a seguridad pública para matar a hijos de pobres”, dijo el dirigente de la UPOEG Bruno Placido Valerio.

 Chilpancingo de los Bravo • Durante la instalación de la Comisión Para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI), los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) cuestionaron la mortandad registrada durante el gobierno de Felipe Calderón y la liberación de Florence Cassez.

En la residencia oficial Casa Guerrero, representantes de los tres niveles de gobierno, los poderes públicos locales, las organizaciones que han asumido la autodefensa e integrado policías comunitarias para repeler a crimen organizado acordaron dar cauce a la propuesta de integrar una Comisión para la Armonía y el Desarrollo.

En la sala de la República, el dirigente de la UPOEG Bruno Placido Valerio reprochó que pese a los aportes de Guerrero al desarrollo del país, esta entidad registra todavía niveles muy altos de pobreza.

Aseguró que el movimiento de autodefensa que inició el 5 de enero en Ayutla, Tecoanapa, Copala, Cruz Grande y San Marcos pretende ganar la batalla de la seguridad con menos muertos.

“No como el sistema que se implementó en el sexenio pasado y que dejó más de 60 mil muertos, porque parece que solamente se justifica el recurso destinado a seguridad pública para matar a hijos de pobres”.

Pidió que la ley se haga valer pero no a conveniencia de los delincuentes, como ocurre muchas veces, lo que no ha permitido que se bajen los niveles de violencia.De acuerdo a la estadística de homicidios, desapariciones y secuestros que arrojó el gobierno anterior, Placido Valerio señaló que se puede sostener que la estrategia oficial fracasó.

Por eso anotó: “Este movimiento no está contra el gobierno, está contra las políticas públicas que no han funcionado y nos han llevado al fracaso, este movimiento viene a devolvernos los principios y la dignidad a cada uno de nosotros”.

Habló sobre la vinculación de policías y hasta de presidentes municipales con la delincuencia, por eso llamó a trabajar sin simulaciones y pidió no permitir que la federación ejerza el poder de manera unilateral, en el entendido de que coordinación no es sometimiento.

También advirtió: “Ojalá y esta comisión no sea solo un elefante blanco para desarticular el movimiento, sino que en realidad promueva la coordinación para generar desarrollo con paz”.

CRAC reprocha liberación de Cassez

En el mismo evento, el coordinador de la CRAC, Pablo Guzmán Hernández lamentó que el poder legislativo no haya encontrado la manera adecuada de empatar al sistema judicial vigente con los usos y costumbres de la Policía Comunitaria (PC).

Por eso ante la concurrencia manifestó: “Entendemos que no es mala voluntad pero sí les hace falta mucha información, en ese decreto para la regulación de la Policía Comunitaria (PC) nosotros no nos sentimos aludidos, por lo que no está sometido a la consideración si se nos reconoce o no”.

Agregó que en el sistema de seguridad, justicia y reeducación de la CRAC no necesitan el reconocimiento de las autoridades constitucionalmente establecidas, ya que cuentan con la legitimidad de los pueblos.

“Viene el derecho positivo y nos dice que no tenemos derecho a detener ni a juzgar, ni a reeducar, pero qué hay del derecho consuetudinario y de las normal y costumbres denominadas como usos y costumbres”.

Vino enseguida el reproche: ¿Con qué cara nos pueden reclamar cuando el sistema de justicia mexicano está dando ejemplos como el caso de Florence Cassez?.

Destacó que en 14 años la CRAC puede cometer errores, pero aclaró que ahí no se tiene el nivel académico de los actuales integrantes del Poder Judicial Federal, “en donde están los más grandes magistrados y doctores en leyes, en cambio nuestros compañeros muchas veces no llegan siquiera a terminar la primaria”.

Coordinación, pide el Gobierno federal

Jaime Martínez Veloz, comisionado para el dialogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación federal propuso una coordinación interinstitucional, para que todas las dependencias trabajen de manera articulada.

Reconoció que hay situaciones de fondo por hacer en materia de derechos y cultura indígena, pero consideró oportuno comenzar a trabajar en ello para evitar más brotes de autodefensa.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero llamó a dejar de lado los factores de división y apostar por la unidad para sobrellevar los problemas.

“Los guerrerenses rechazamos la violencia en cualquiera de sus formas, ya esta es por definición un acto criminal y no debemos ni podemos permitir que el pueblo de Guerrero sea rehén de nadie”.

Reconoció el esfuerzo de la CRAC y la UPOEG por revertir los niveles de violencia que han dejado el luto en muchos hogares, también aclaró que ambos grupos de ninguna manera se han levantado contra el Gobierno.

“Más bien, son resultado del hartazgo de una delincuencia impertinente que no conoce limites para ensanchar sus espacios ni sus efectos nocivos, los grupos de autodefensa no deben mirarse como personas que quieren hacerse justicia por su propia mano, sino como un movimiento social que se suma al perfeccionamiento democrático de la entidad y que están dispuestos a transitar por el camino de la paz”.

El mandatario estatal destacó que de nada sirven las leyes o las instituciones, si éstas actúan lento o permanecen inmóviles. Como si estuvieran muertas, pero aún; cuando la gente mira con impotencia como un día detienen delincuentes y al otro día los dejan libres, pese a que todos conocen su peligrosidad.

Anticipó que la comisión para la armonía no servirá solo para maquillar las cosas, sino que incida en el diseño de políticas públicas en materia de seguridad y desarrollo.

ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN