30 de abril de 2013 / 01:18 p.m.

Monterrey • La bancada del PAN en el Congreso del Estado pidió a la Contraloría Estatal y a la Auditoría Superior del Estado investigar el destino de los recursos donados por Fernando Toledo, en 2007, a la comunidad mixteca y que al parecer no fue utilizado y no se sabe en que se gastó.

MILENIO Monterrey publicó este lunes que Fomento Metropolitano de Monterrey y la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado han tardado más de 6 años en cumplir a medias la regularización de terrenos para la comunidad mixteca en la colonia Héctor Caballero del municipio de Juárez, a pesar de que el procedimiento ya fue pagado.

Al respecto, el líder de la bancada local del PAN, Juan Carlos Ruiz García, pidió a la Contraloría Estatal y a la Auditoría Superior del Estado investigar a la brevedad lo ocurrido con el dinero que el artista donó para la realización del trámite de regulación de tierras y servicios para esta comunidad radicada en el municipio de Juárez.

“"La Contraloría Estatal tiene que hacer algo al respecto pero también la Auditoría Superior tendrá que revisar a pie juntillas este asunto y determinar las responsabilidades del caso de la cuenta pública en el ejercicio respectivo, hoy el contralor tiene que estar actuando respecto a esto porque no es posible que ante una derogación ahora digan que desapareció"”.

Ruiz García criticó el hecho de que de pronto se dé a conocer que se ignora el destino que tuvieron los recursos donados por el artista, aunque señaló que también se debe investigar si fue otorgado el recursos y se le dio mal uso, pero por parte de la comunidad.

“"La Contraloría debe actuar de inmediato para que quede claro donde quedó ese dinero o si los beneficiarios no lo utilizaron correctamente"”.

En 2007 el artista oaxaqueño Francisco Toledo donó 550 mil pesos, producto de su obra La Lagartera, que se encuentra en el Museo de Historia Mexicana, para que esta comunidad indígena asentada en la entidad desde 1995 tuviera no sólo certeza jurídica, sino también acceso a servicios básicos.

REYNALDO OCHOA