16 de abril de 2013 / 07:54 p.m.

Monterrey • La denuncia por afectación que sufrió la empresa regiomontana Promotora Ambiental de La Laguna S.A. (PASA) al serle cancelada una concesión por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca, mantiene al presidente del PRI en Morelos y diputado local, Manuel Martínez Garrigós a un paso de la cárcel.

El también ex alcalde de Morelos, según documentos en poder de este medio de comunicación, violó una disposición de un juez federal al retirar unilateralmente una concesión del servicio de limpia a la empresa regiomontana PASA, quien previamente le había demandado por incumplimiento de contrato.

La disposición del juzgado era que la empresa regia no fuera afectada en sus derechos por las autoridades de Cuernavaca, en la concesión que el consorcio había recibido por 20 años para el servicio de recolección de basura.

El pleito judicial mantiene a la ciudad capital de Morelos con un adecuado superior a los 52 millones de pesos, que obligó al embargo de 61 inmuebles propiedad del Ayuntamiento, que están a punto de pasar a formar parte de los activos de la empresa PASA, que busca llevar a la cárcel a Martínez Garrigós después de que el juicio político lo desprovista de su fuero constitucional que ostenta al ser diputado local.

Ante lo anterior la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, confirmó que la Procuraduría General de la República solicitó de manera formal inicie el legislativo juicio de procedencia contra Manuel Martínez Garrigós para detenerle con base en una orden de aprehensión dictada en su contra por el delito de desacato.

De acuerdo con un documento oficial de la dependencia legislativa, Martínez Garrigós será sometido a juicio político a partir del momento en que el Ministerio Público Federal impulse la siguiente parte de su solicitud, con base en la Constitución Federal y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público, según sus artículos 108 y 109, complementa el original consultado.

En este momento, la violación de la determinación judicial es la que mantiene vigente la orden de aprehensión contra el dirigente del PRI y frustrado aspirante a la gubernatura de Morelos, aunque en días pasados, Martínez Garrigós alegó haber sido liberado de dicha orden, lo cual fue negado por el abogado impulsor del juicio en su contra, consultado por este medio, Guillermo Pasquel Hernández.

Independientemente de lo anterior, Martínez Garrigós enfrenta severos cuestionamientos y más de 500 observaciones administrativas y contables, por la desaparición, aplicación irregular o actos de corrupción que en conjunto ascienden a casi mil 600 millones de pesos.

Busca amparo

El presidente estatal del PRI, Manuel Martínez Garrigós, buscará el amparo de la justicia federal para superar una orden de aprehensión que pesa en su contra, e insistió que no solicitará licencia al Congreso del estado de Morelos.

En rueda de prensa donde fue asistido por su abogado, Juan Velázquez, el también ex alcalde de Cuernavaca, insistió en que no tiene responsabilidad en la afectación que sufrió la empresa regiomontana Promotora Ambiental de La Laguna S.A. (PASA) al cancelar una concesión que el anterior Ayuntamiento había entregado al consorcio por 20 años, para el servicio de recolección de basura.

Según el abogado Velázquez, su cliente no tiene responsabilidad en el hecho, ni tampoco puede ser responsable de esa violación a la ley de amparo, --es decir, a los derechos de la empresa que estaba protegida por un Juez federal para no ser afectada--, ya que los contratos se ejercen entre personas, y en este caso lo quieren sancionar por haberlo hecho como autoridad.

Mientras en la Cámara de Diputados del Congreso federal, los coordinadores parlamentarios ya conocieron de la solicitud de juicio de procedencia contra el también ex alcalde de Cuernavaca, Martínez Garrigós anunció el pasado lunes que mantendrá su estrategia jurídica para combatir la orden de aprehensión que pesa en su contra.

Por primera vez desde que se conoció que contaba con una orden de captura, reconoce que es perseguido por la justicia, sin embargo, insistió que aún cuando eso sucediera (su aprehensión), saldría libre y caucionado en unas horas. “Pero eso no va a pasar porque estamos seguros de que el Juez se desistirá de la orden”, explicó.

Martínez Garrigós insistió en que la versión que lo coloca como criminal deriva de una “campaña mediática” y de una “manipulación de la verdad” por parte del abogado de la empresa regiomontana PASA, Guillermo Pasquel Hernández, contra quien –insistió—iniciará denuncias por diversos delitos, igualmente contra la empresa regiomontana.Martínez Garrigós acudirá ante la justicia federal para buscar el amparo correspondiente y finalizar el proceso legal iniciado en su contra.

Se unen contra desafuero

Los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, impulsarán y votarán a favor del desafuero del presidente del PRI y Diputado local, Manuel Martínez Garrigós, quien enfrenta una orden de aprehensión por desacato a un Juez Federal.

Cada uno por su lado, los legisladores morelenses, Gisela Mota Ocampo y Luis Miguel Ramírez Romero, consideraron necesario que los responsables de la descomposición económica, financiera y administrativa en la que vive Cuernavaca y su gobierno municipal, paguen su irresponsabilidad de haber consentido y prohijado la corrupción, las irregularidades y cualquier cantidad de hechos que mantienen a la ciudad con una deuda superior a los mil 400 millones de pesos.

REDACCIÓN/MILENIO