27 de febrero de 2013 / 11:43 p.m.

Cuernavaca • La Fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado, propuso este miércoles regular y definir los protocolos de uso de fuerza de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia, con el fin de evitar un uso irracional y discrecional que termine con tragedias como la de hace unas semanas en donde policías estatales dieron muerte a tres escoltas del Procurador de Justicia, Rodrigo Dorantes en un hecho que aún investigan las autoridades.

La iniciativa de los priistas intenta reformar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado de Morelos, y facultar solamente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como la responsable de emitir tales protocolos, recomendaciones y lineamientos en el uso de armas, tácticas, vehículos y todo elemento relacionado con el accionar de las Policías Estatal, Acreditable, Ministerial, Municipales y cuerpos de custodia de funcionarios que la porten.

La diputada priista, Rosalina mazari Espín, generdora de la propuesta dijo que con la aprobación de esta reforma el uso de la fuerza por parte de las corporaciones de seguridad en la entidad "sólo podrá hacerse de manera racional, congruente, oportuna… cuando sea estrictamente necesario y con respeto a los derechos humanos…", agregó.

Agregó que "los lineamientos que incluyen la modificación legal fija con precisión qué tipo de armas pueden usar los elementos para atender cada caso o situación particular y la gradualidad del uso de las armas, establecer disposiciones tendientes a fomentar el uso de las menos lesivas; contemplar mecanismos de control tanto para el almacenamiento como para su distribución y precisar la obligación de dar aviso de advertencia, previo a su uso".

El texto de la iniciativa que fue leída en la sesión ordinaria de este martes, también contempla promover los lineamientos para la planeación estratégica y coordinada de los operativos, identificando tácticas y fuerzas a emplear en los diferentes escenarios, a fin de ajustarse al principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza; plasmar las condiciones que los justifican y las causas de su suspensión, así como prever los riesgos que pudieran presentarse en las acciones y sus respectivas alternativas de solución.

Mazari abundó que los lineamientos y protocolos deberán especificar el curso de acción luego de una detención y contemplar, en caso de llegar al uso de la fuerza, qué trato y cuidados deben darse a las personas heridas y el aviso inmediato a sus familiares como una prioridad.

DAVID MONROY/ CORRESPONSAL