8 de marzo de 2013 / 10:27 p.m.

Monterrey.- • Por someter, secuestrar y robar a los integrantes de una familia a la que sorprendieron en su vivienda en el municipio de Santiago, cuatro presuntos delincuentes, entre ellos una mujer, fueron detenidos con orden de aprehensión.

Los detenidos que desde este jueves se encuentran recluidos en el penal del Topo Chico son: José Luis Rodríguez Cavazos, apodado "El Dedos"; Víctor Mauricio Ibarra Cano, "El Pollo", y su hermano Jonathan de Jesús, "El Pelón"; así como María Rosanely Rodríguez Barrera.

Ellos fueron detenidos en cumplimiento al ordenamiento que les giró el juez cuarto penal de Monterrey por considerarlos presuntos culpables de robo ejecutado con violencia, secuestro agravado, agrupación delictuosa y delitos contra la seguridad de la comunidad.

Pero por todos esos delitos son procesados solo los tres acusados varones, mientras que la mujer es considerada presunta responsable de equiparable al robo.

De acuerdo a la causa criminal que enfrentan, fue la madrugada del pasado 4 de febrero, cuando los tres hombres y otro menor irrumpieron en la casa de la familia afectada, la cual está ubicada en la colonia El Faisán, en el citado municipio.

Los acusados permanecieron varias horas en la vivienda, donde sometieron a los propietarios y a sus tres hijos menores de edad.

Después de apoderarse de diversos aparatos electrónicos, teléfonos, computadoras, un vehículo Toyota Rav4 y un Volkswagen Passat, ambos de reciente modelo, huyeron del lugar y horas después fueron capturados a bordo del último de los autos mencionados, cuando se desplazaban por la carretera que conduce a la comunidad de El Chaplin, en el municipio de Montemorelos.

Fueron elementos de Fuerza Civil, quienes los interceptaron en la Carretera Nacional, donde iniciaron una persecución que terminó en la referida comunidad.

Aunque fueron sorprendidos abordo del vehículo robado, los acusados negaron ser responsables de los hechos, argumentaron haber sido víctimas de torturas por parte de los elementos de la Agencia Estatal que los investigaron y luego por recomendación de sus defensores oficiales se apegaron a los beneficios del artículo 20 para no responder a los cuestionamientos que les hizo la agente del Ministerio Público adscrita al juzgado.

REDACCIÓN