28 de enero de 2013 / 10:17 p.m.

En un Estado de libertades, como el que vive México, la presunción de inocencia opera a favor de todos, cualquier persona que está en la calle es, de entrada, inocente, o no culpable.

 Ciudad de México • La determinación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ordenar la inmediata libertad de la ciudadana francesa Florence Marie Louis Cassez Crepin contribuye al derecho que tienen las víctimas de conocer la verdad, esclarecer la no culpabilidad de esa persona y a develar la verdad.

El coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la SCJN, Carlos Pérez Vázquez, explicó en entrevista que el respeto al derecho de las víctimas es un derecho reconocido en el continente americano y en México.

La Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dijo, establecen que uno de los derechos es tener pleno conocimiento acerca de la verdad; lo que es, también, una de las medidas de reparación que tanto la convención americana como la Carta Magna fijan para el caso de violaciones graves a los derechos humanos.

En el caso de la ciudadana francesa, sentenciada en primera y segunda instancia por el delito de secuestro, "la decisión que tomó la Primera Sala contribuye en ese sentido, contribuye a esclarecer la no culpabilidad de esta persona y contribuye a develar la verdad", lo que es un derecho irrestricto para cualquiera de las víctimas.

La resolución de la Primera Sala del máximo tribunal del país, en el amparo directo en revisión 517/2011, determinó que a la sentenciada por secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego no se le había respetado su derecho a un debido proceso.

Sin embargo, dijo el coordinador de asesores de la Presidencia de la SCJN, violentar el debido proceso legal, que es un derecho fundamental que está reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales, produce víctimas.

Entonces, "las víctimas de hechos ilícitos, de crímenes, tienen una serie de derechos que deben de respetarse por las autoridades, el derecho a la reparación a dar a conocer la verdad, a que los hechos no se repitan, pero no debemos pensar que por cumplir un derecho o hacer valer un derecho eso beneficie a las víctimas".

Violando o suprimiendo derechos, y eso la historia lo ha demostrado, nunca ha beneficiado a la libertad, insistió Pérez Vázquez.

En un Estado de libertades, como el que vive México, la presunción de inocencia opera a favor de todos, cualquier persona que está en la calle es, de entrada, inocente, o no culpable.

Además, la Ley de Amparo en su Artículo 83 refiere que "La materia del recurso (de revisión) se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras".

Son derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México y, "en realidad, vale la pena decirlo, la Primera Sala tuvo una discusión constitucional y eso fue lo que determinó la mayoría de los ministros".

Carlos Pérez sostuvo por tanto que respetar en México el principio de debido proceso legal, que es un derecho fundamental, reconocido por la Constitución y los Tratados internacionales, nunca será una derrota; y el papel de la SCJN es precisamente respetar, hacer valer y proteger los derechos fundamentales de todas las personas en México.

Respetar el debido proceso legal fortalece a las instituciones y la confianza en las autoridades, dijo el coordinador de Derechos Humanos.

Con respecto a porqué la SCJN no se pronunció por sancionar a las autoridades que violaron las garantías de la procesada, dijo que "ahora está justamente engrosándose la resolución en la Primera Sala y no se podría saber el texto definitivo de la misma hasta que concluya ese proceso".

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