— DANIELA MENDOZA LUNA
8 de enero de 2013 / 02:19 p.m.

Monterrey  La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 103/2012 en torno a la investigación sobre los hechos del casino Royale solicitando medidas de reparación a las autoridades estatales y municipales que van desde una disculpa pública hasta la indemnización por salarios no percibidos por parte de los deudos, posterior a la tragedia.

Minerva Martínez Garza, presidente del organismo, dijo que estas medidas van dirigidas a la Secretaría General de Gobierno, el procurador de Justicia, la Dirección de Protección Civil, la Dirección de Inspección del Trabajo de esta secretaría, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey y a la Presidencia Municipal regiomontana.

A casi 17 meses de los hechos en los que fallecieron 52 personas por el atentado al casino Royale el 25 de agosto del 2011, la CEDH destacó que las 12 medidas están respaldadas en legislación nacional y acuerdos internacionales.

Martínez Garza dijo que la falta de cooperación de las corporaciones estatales había retrasado el trabajo de la CEDH, pues no recibían los reportes solicitados para hacer su investigación, y en muchos de los casos tuvieron que prescindir de ellos.

Solicitan que se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa y penal de las autoridades que fueron omisas en la inspección y vigilancia.

Con relación a las víctimas, buscan que se indemnice en el pago de los ingresos que, tanto los lesionados como sus familiares y las familias de las 52 personas que fallecieron, hayan dejado de percibir.

“Se proporcione en las instituciones de salud pública, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas que lo requieran, incluyendo la prescripción y dotación de medicamentos”.

De manera especial solicitan una disculpa pública y reconocimiento de hechos por parte de autoridades estatales y municipales

“Se ofrezca una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, en desagravio de las víctimas y para satisfacción de sus familiares”, dijo.

Sobre las medidas de no repetición, la CEDH destacó que es de suma relevancia se ofrezcan las garantías para que no vuelvan a ocurrir tragedias similares a la sucedida en el casino Royale, por lo que exige a las empresas, en particular de los casinos, en las áreas de competencia, sobre la observancia de los derechos humanos en sus actividades.

Mencionó la recomendación enviada al procurador general de Justicia, para que se lleve a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva, para estudiar las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de las negligencias y omisiones de las autoridades.

Cuestionada sobre la tardanza del proceso, destacó que la capacidad del organismo es limitada, además de que el trabajo de la Comisión no estaba derivado de los hechos delictivos, sino de la actuación de las autoridades.

Comparativa

Recomendación CNDH

Dirigida: al gobernador del estado y presidente municipal de Monterrey.

- Atención a víctimas y familias agraviadas.

- Llevar a cabo una revisión integral de todos los casinos del estado para verificar su operación legal y apegada a derecho.

- Capacitar en Derechos Humanos a los elementos de Protección Civil.

- Colaborar con la CNDH en el trámite de las quejas que se promuevan ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo León y la Secretaría de la Contraloría del ayuntamiento de Monterrey, a fin de que se inicien los procedimientos administrativos y se deslinden las responsabilidades.

- Colaborar con la CNDH, en la presentación de la denuncia que se promueva ante la Procuraduría de Nuevo León y que coadyuve con ella en las investigaciones que se lleven a cabo con motivo de las observaciones realizadas.

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Recomendación CEDH

Dirigida a: la Secretaría General de Gobierno, al procurador de Justicia, a la Dirección de Protección Civil del Estado y a la Dirección de Inspección del Trabajo de la Secretaría del Trabajo, así como a la Presidencia Municipal de Monterrey y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

- Se indemnice en el pago de los ingresos que tanto los lesionados como sus familiares y las familias de las cincuenta y dos personas que fallecieron hayan dejado de percibir.

- El reembolso de gastos funerarios, así como los derivados de los tratamientos médicos y psicológicos brindados tanto a los lesionados, como a sus familiares.

- Tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas que lo requieran, incluyendo la prescripción y dotación de medicamentos.

- Estudiar las posibles responsabilidades penales derivadas de las negligencias.

- Disculpa pública.

- Procedimientos de responsabilidad administrativa.

- Construcción de un memorial a las víctimas.

- Capacitación en materia de Derechos Humanos a Protección Civil y a las empresas.