23 de enero de 2013 / 03:38 p.m.

Monterrey.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos tomó la decisión de ocultar las respuestas que dieron el Gobierno del Estado y el municipio de Monterrey a las recomendaciones que les hizo en torno al caso del casino Royale.

El organismo que preside Minerva Martínez Garza y que en teoría se encarga de defender las garantías de los ciudadanos, consideró como confidenciales las respuestas que dieron tanto el Ayuntamiento como el estado a sus recomendaciones, a pesar de que el caso está prácticamente concluido.

Tras vencerse el plazo para que los dos niveles de gobierno dieran a conocer su posición sobre la serie de recomendaciones que hiciera la CEDH en torno al caso, el lunes por la noche el organismo confirmó mediante un comunicado que ya había recibido una respuesta por las dos instancias.

"En lo general (…) explican en sus oficios correspondientes la manera en que darán cumplimiento a las solicitudes que se enmarcan en la recomendación 103/2012, afirmando todas ellas su voluntad y empeño para reforzar sus actuaciones con observancia en el respeto a los derechos humanos", se limita a señalar el documento emitido el 21 de enero.

Asignaturas puntuales

Entre las recomendaciones de la CEDH a estas instancias se incluye una disculpa pública hacia los familiares de las víctimas del atentado y el fincamiento de responsabilidades administrativas y penales, según el caso, contra el secretario general de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey y contra la dirección de Inspección del Trabajo.

En un comunicado emitido anoche, la CEDH asegura que "se dará puntual cuidado al cumplimiento de las recomendaciones a través de la Dirección de Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos", que vigilará el proceso hasta su finalización.

Explican confidencialidad

Sin embargo, el director de comunicación de la CEDH, Eduardo Pérez Espinosa, aseguró anoche que, según el análisis jurídico que realizaron abogados del organismo y la propia presidenta, Minerva Martínez, el documento permanecerá en calidad de confidencial.

El funcionario argumentó que el expediente permanece abierto y no se dará a conocer el contenido de los oficios hasta que el estado y el municipio de Monterrey hayan dado cumplimiento a todo aquello a lo que se comprometen.

Sin embargo, ni la ciudadanía en general ni los familiares de las víctimas pueden conocer cuándo será esto, toda vez que la CEDH esconde ambos escritos y por ende, nadie conoce ni puede verificar estos compromisos.

Para justificar esta decisión, la CEDH aseguró anoche que el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley que crea a este organismo señala que "en tanto la tramitación de un asunto no se haya concluido, el personal de la Comisión deberá manejar de manera confidencial la información o documentación relativa".

Compromisos pendientes

El pasado 8 de enero, el secretario general de Gobierno, Álvaro Ibarra Hinojosa, señaló que aceptarían las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, pero a medias.

El funcionario estatal dijo en su oportunidad que la administración entraría en un análisis para determinar cuáles de las exigencias del organismo cumpliría y cuáles rechazaría, sin entrar en mayores detalles.

La alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, expresó por su parte, en su momento, que cumplirían completamente las peticiones del organismo, aún cuando el atentado que costó la vida a 52 personas el 25 de agosto de 2011 no sucedió durante su administración.

ANTONIO ARGÜELLO