3 de abril de 2013 / 01:20 p.m.

Monterrey • Cinco funcionarios del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León fueron cesados de sus cargos, y tres de ellos fueron detenidos por la Procuraduría de Justicia en el Estado, al admitir que hicieron mal uso de información contenida en planos del área de Catastro, aunque luego fueron liberados pero continúan bajo investigación.

Tras una indagatoria al interior de la dependencia estatal como parte del programa anticorrupción gubernamental, Lorenzo Vázquez Gómez, coordinador jurídico del instituto, dio vista al Ministerio Público al detectar las presuntas irregularidades.

Ello deriva de una investigación simultánea realizada por MILENIO Monterrey desde principios de marzo hasta el día de ayer, y fue confirmada por Raymundo Rodríguez Diego, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno.

El Ministerio Público investiga si el mal uso de información contenida en planos que involucra a los funcionarios pudiera tratarse de algún tipo de falsificación o alteración de documentos.

En total, cinco funcionarios fueron cesados, pero tres de ellos fueron detenidos en sus oficinas en el Pabellón Ciudadano y luego arraigados durante 15 días de marzo.

Los nombres de los funcionarios y los cargos fueron reservados por Rodríguez Diego debido a la secrecía que amerita la averiguación previa.

“"Así es, se detectó un mal manejo de información en planos; fue una irregularidad en el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León, concretamente en el área de Catastro, (se trata) de unas personas en las que se detectó que estaban haciendo mal uso de información específicamente con unos planos.

“"Se dio vista al Ministerio Público, el agente del MP los detuvo en las oficinas de trabajo y fueron arraigados durante dos semanas; aceptaron la participación en algunas situaciones anómalas y el agente del MP sigue haciendo la averiguación previa para ver si pueden establecer actos de constitución de un delito"”, señaló vía telefónica Rodríguez Diego.

El funcionario informó que la autoridad abrió una averiguación previa para establecer si a parte de violar la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, también se establece o tipifica algún delito, ya que aún se encuentra en la etapa de admisión de pruebas.

“"Separo dos temas: la sanción administrativa por haber incumplido la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos por el cual fueron dados de baja.

“"Y otra es de que les puedan fincar algún delito, o una orden de aprehensión o si se amerita el esquema que acredite la autoridad competente"”, informó.

Los hechos fueron registrados a finales de febrero, por lo que se detuvieron a tres primeramente, y al estar en la Casa del Arraigo del Barrio Antiguo, involucraron a dos más.

Rodríguez Diego señaló que continúa en pie el programa anticorrupción instaurado por el Gobierno Estatal por lo que se actuó a tiempo y se realizaron los trámites y las denuncias correspondientes.

“"Desde el inicio de la administración, el gobernador nos ha pedido eficientar cada vez los procesos para poder detectar situaciones como ésta, situaciones anómalas, involucradas con la corrupción, se detectó por parte del Instituto de Registral y Catastral y dio parte al Ministerio Público, se entregaron las pruebas, y se fincaron las bajas, más lo que le pueda encontrar el MP"”, señaló.

El antecedente con Nati

Durante la administración de José Natividad González Parás, la Procuraduría de Justicia en el Estado hizo lo propio al detener el 19 de mayo de 2007 a cuatro personas que, en complicidad con un funcionario del entonces Registro Público de la Propiedad, falsificaron documentos y vendieron tres inmuebles que no les pertenecían, uno de los cuales estaba valuado en 10 millones de pesos.

Los cuatro detenidos fueron identificados como Patricio Manuel Martínez Brito, Jesús Arnoldo García Rivas, José Alfredo Rodríguez y Raúl Omar Salazar Fraustro.

El funcionario estatal fue identificado como Ignacio Ramón García Gómez, quien al enterarse que estaba sujeto a investigación, abandonó las funciones y desapareció.

Martínez Brito es el mismo abogado identificado ahora en 2013 como la persona involucrada en la falsificación de un permiso de uso de suelo usado para intentar engañar a un juez para amparar al casino Foliatti de la clausura por parte del municipio de Monterrey.

datos

PROGRAMA ANTITRANSAFuncionarios involucrados: 5Detenidos y arraigados: 3Cesados: 5

PRESUNTO DELITO:Mal uso de información contenida en planos de propiedades y terrenos del área de Catastro.

AVERIGUACIÓN EN PROCESO:El MP investiga si el mal uso de información contenida en planos pudiera tratarse de algún tipo de falsificación o alteración de documentos.

EDUARDO MENDIETA SÁNCHEZ