8 de febrero de 2013 / 02:50 a.m.

Conrado Villareal Martínez, habitante del municipio de Higueras, presentó una demanda a la Profepa, con el fin de que se investigue a la empresa Martimar, la cual pretende instalar una pedrera en un rancho del municipio.

 Higueras • Ante el temor de que la instalación de una pedrera en la Sierra de Picachos cause daños ecológicos irreversibles y afectación a la salud de varios municipios, un habitante de Higueras, Conrado Villarreal Martínez, presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que investiguen las actividades de una empresa en ese lugar.

Villarreal Martínez señaló que buscan evitar la destrucción de lo que es un pulmón para la entidad, dado que ya se desmontó un área importante, y parece siguen con la destrucción.

"Estamos preocupados porque están trabajando en la zona, y el daño ecológico es irreversible; hay oso negro, lobo, puma, y pequeñas especies, pero además, el polvo va a llegar a varios municipios", dijo el quejoso.

En su denuncia, explica que la empresa Martimar pretende extraer piedra caliza en el Rancho El Mezquite, dentro del Municipio de Higueras, lo cual causaría desequilibrio ecológico, daños al ambiente y recursos naturales, pues tiene una capacidad de extracción de 4 mil toneladas por hora.

Además, provocará males respiratorios a habitantes de "Higueras, Marín, Doctor González e incluso Zuazua", según expone en la relación de agravios que presentó en la Profepa.

Villarreal Martínez llegó a la Oficialía de Partes de la dependencia federal acompañado solamente de Victoria Pérez Coronado, quien es la presidenta de la Asociación Ecológica Sierra de Picachos A.C. Jóvenes.

La activista explicó que la gente de Higueras se opone a la instalación de dicha empresa, por la afectación que representa, y ya hay varias personas que están dispuestas a presentar sus querellas.

Al respecto, el delegado de la Profepa, Juan Carlos Moreno Loo, aclaró que la dependencia sancionó a la empresa porque efectivamente había desmontado una zona sin los permisos, y aunque pagó la multa económica, aún no cumple con todas las especificaciones.

El año pasado, dijo, se determinó sancionarlo con 730 mil pesos por afectaciones en materia forestal y 550 mil pesos por materia de impacto ambiental, más una serie de obligaciones para reparar el daño causado.

Aunque se pagaron las multas, otros requerimientos no han sido cumplidos en su totalidad, por lo que las instalaciones siguen cerradas.

"Para la Profepa es un caso cerrado, pero si la empresa causó más daños al entorno, podría ser sancionada de nuevo", advirtió el funcionario federal.

Pidió esperar a recibir la denuncia, analizarla y ver qué es lo que procede, pero será conforme a lo que marque la ley.

Por su parte, Conrado Villarreal Martínez, también solicitó a la Semarnat la información sobre los permisos solicitados por la empresa Martimar, relativos al cambio de uso de suelo en la zona de la Sierra de Picachos.

FRANCISCO ZÚÑIGA ESQUIVEL