26 de septiembre de 2013 / 12:11 a.m.

San Pedro Garza García  • El Colegio de Abogados de NuevoLeón y la Federación de Colonias Metropolitanas reprobaron la propuesta del alcalde de San Pedro Garza García, Ugo Ruiz, en el sentido de conformar una mesa de justicia ciudadana en materia de desarrollo urbano, porque no se puede consentir que se violen la ley y los reglamentos.

Alfonso Verde Cuenca rector del organismo de abogados consideró que las leyes y reglamentos son para aplicarse y en todo caso el mensaje que estaría dando el Ayuntamiento es que se puede construir sin permiso, y al final llegar a un arreglo.

“No exige ajustar todo nuestro comportamiento principalmente de las autoridades al contenido de la ley y si el contenido de la ley ha sido defraudado o ha sido consentido por conductas que pueden ser consideradas ilícitas debe de aplicarse debidamente a quien le corresponda la sanción y no se trata de amnistías, no se trata de perdones ni de análisis, se trata de restituir al estado de derecho el respeto irrestricto que se merece la ley.

“Ya no le echemos la culpa a la ciudadanía para que formemos parte de ese tipo de consejos, para desvirtuar el compromiso de las autoridades, para aplicar las sanciones que correspondan una vez descubierta la ilicitud con la que se conducen los particulares o los funcionarios públicos y más en la materia de desarrollo urbano que nos afecta a todos, nos incrementa y nos eleva los riesgos”, comentó.

MILENIO Monterrey publicó que el alcalde Ugo Ruiz reveló que en su municipio hay entre 25 y 30 edificaciones importantes construidas de manera irregular en los últimos cuatro a cinco años, que incluye el periodo de Aldo Decanini como secretario de Desarrollo Urbano.

Para resolver la situación de estos inmuebles, anticipó que esta semana discutirá con los miembros del Cabildo la instalación de la mesa de justicia ciudadana en materia de desarrollo urbano, la cual propuso en agosto.

Al respecto, Gilberto Marcos, representante de la Federación de Colonias Metropolitanas describió a la mesa de justicia ciudadana en materia de desarrollo urbano como un mecanismo para avalar irregularidades.

“No es un mecanismo más que para avalar irregularidades, el que cometió una infracción al reglamento pues que la pague, pero si cometió una infracción mayor, un exceso desmedido, no debe de haber más que el castigo máximo, no darles ninguna autorización de ningún tipo para que queden en el limbo sus propiedades, que no estén debidamente acreditadas porque el reglamento lo prohíbe expresamente.

“Eso lo van a hacer nada más con los desarrolladores, a un ciudadano le hacen la vida imposible para su residencia, pero para un desarrollador que hace grandes desarrollos como estos y que se pasan de la raya, no hay más que el castigo máximo, no puede haber perdón de ningún tipo, ni modo que no conocieran”, declaró.

Ricardo Alanís