5 de agosto de 2013 / 02:17 p.m.

Luego de un año seis meses en prisión por el presunto delito de homicidio, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo descubrió que al empresario Manuel Samuel Castro Mercado se le violaron sus derechos y que el proceso en su contra está plagado de irregularidades.

El director de Pacific International Development Inc. USA Imports, quien compró ex Dina Autobuses, fue detenido el 28 de enero de 2012, tras una riña presuntamente provocada por ex trabajadores de la empresa Motor Coach Industries México y Servicios Sahagún, liderados por Artemio Vázquez Peña.

Durante el incidente perdió la vida, por disparo de arma de fuego, Josué Matilde Cotonieto Sánchez, delito del cual fue acusado el empresario, a pesar de que éste último se encontraba oculto en una bóveda, protegiendo a sus hijos.

MILENIO tiene copia de la recomendación R-VGJ-0030-13 emitida contra el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, capitán Alfredo Ahedo Mayorga, y al director de la Defensoría Pública de esa entidad, Genaro García García.

El organismo detectó violaciones al derecho a la integridad personal, lesiones y ejercicio indebido de la función pública.

La comisión descubrió que Salvador Gustavo Ramos Ugalde, defensor público adscrito a la Procuraduría General de Justicia estatal, estampó su firma en la declaración indagatoria y en su ficha de trabajo, pero el profesionista jamás aceptó ni protestó el cargo, además de que ni siquiera hizo uso de la voz, a favor de los acusados.

""El derecho del acusado a contar con una defensa adecuada en la fase de detención es un derecho instrumental para garantizar que la sanción más severa que puede imponer el Estado, que es la pérdida de la libertad sea a través de un proceso justo.

""Este organismo reprueba la omisión por parte de personal de la defensoría de oficio de Hidalgo, sin que hayan brindado los servicios que constitucionalmente tienen encomendados como legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, eficacia y máxima diligencia"", menciona el documento.

Asimismo, comprobó que ocho personas más a las que se detuvo junto con el empresario presentaban lesiones.

""…es muy importante hacer notar que las autoridades involucradas (personal de la Coordinación de Seguridad Estatal) nunca refirieron en su parte informativo que los detenidos opusieran resistencia a la detención o que tuvieron que aplicar el uso proporcional de la fuerza por así requerirlo…

""Los agravios ocasionados a Castro y otros constituyeron un abuso de poder por uso excesivo de la fuerza, que se tradujo en una evidente violación a su derechos humanos, convalidándose con ello la relación causa-efecto entre las afectaciones sufridas por las víctimas y la responsabilidad institucional de los servidores públicos involucrados"", apunta la recomendación.

La comisión subrayó que no es tolerable que los servidores públicos a cargo de investigaciones y persecución de delitos, omitan regirse bajo los principios de legalidad, objetividad, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

El 28 de abril de 2012, aproximadamente 150 supuesto, ex trabajadores sindicalizados, liderados por Artemio Vázquez, se metieron a la planta propiedad de Pacific International, la cual se localiza en el corredor industrial de Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco.

El empresario pidió apoyo de diversas corporaciones policiacas para que contuvieran a los invasores y ante la falta de apoyo, el equipo de seguridad de la planta tuvo que contener por su propios medios a los invasores.

""…inexplicablemente al arribar al lugar las policías municipal y estatal se introdujeron ilegalmente a la planta y lejos de apoyar el resguardo perimetral de la misma, lo que hicieron fue detener a todas las personas que se encontraban en el interior de la planta y no permitieron a Samuel Castro Mercado realizar una formal denuncia de los hechos y fueron trasladados a las oficinas de la Coordinación de investigación de Pachuca, en donde los tuvieron incomunicados por más de 12 horas”, detalla la queja presentada.""

Sin su consentimiento, al empresario se le obligó practicarse una prueba para saber si había disparado; junto con él se detuvo a sus hijos, José Alberto Castro Cuevas y Manuel Samuel Castro Cuevas.

La prueba “resultó positiva”, a pesar de que él se encontraba oculto en una bóveda protegiendo a sus hijos, sitio en el que también se resguardaban trabajadores que negaron que el empresario haya tenido una arma en su posesión.

— HISTORIAS POR RUBÉN MOSSO