Rogelio Agustín 
14 de agosto de 2013 / 02:27 a.m.

 

Guerrero • Los coordinadores de la Policía Comunitaria (PC) en Tixtla, Huamuxtitlán y Olinalá exigieron al gobierno estatal respeto a sus zonas de influencia, la cancelación de órdenes de aprehensión, la devolución de las armas aseguradas y 1.5 millones de pesos mensuales a manera de presupuesto.

La tarde del martes 13 de agosto, los representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) correspondientes a la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de la Libres dieron a conocer la suspensión de una reunión de trabajo con el jefe del Poder Ejecutivo local, Ángel Aguirre Rivero.

El encuentro estaba pactado en la residencia oficial Casa Guerrero, lugar en el que harían patente la petición de que tanto el gobierno estatal como la federación respeten a la CRAC, habida cuenta de que su trabajo se refleja con la disminución de los índices delictivos.

En un documento de diez puntos, Arturo Campos Herrera, consejero de la Casa de Justicia de El Paraíso, Gonzalo Molina González, promotor en Tixtla, Nestora Salgado de Olinalá y Miguel Vitrago Reyes de Huamuxtitlán, dieron a conocer el texto en que también reclaman el desistimiento de las órdenes de aprehensión que se han girado en contra de los integrantes de la Policía Comunitaria (PC) de la CRAC.

Ahí mismo reclaman la devolución de las armas que el Ejército les ha confiscado en diferentes operativos, aunque no mencionan la cantidad de las mismas.

En el punto seis plantean la asignación de 1.5 millones de pesos como presupuesto destinado al sistema de seguridad, justicia y reeducación que representan en la Costa Chica, Montaña y Región Centro de Guerrero.

Sin mencionar cantidades en los costos, proponen la construcción de un centro de reeducación para menores infractores en alguno de los municipios en que opera la Casa de Justicia de El Paraíso.

El documento que será entregado al gobierno estatal también considera la donación de 25 camionetas y 500 radios de comunicación para el desarrollo de sus tareas.

El último punto pide la salida del Ejército y la Marina del territorio comunitario, mismos que bajo el argumento de coadyuvar con la Cruzada Nacional contra el Hambre realizan patrullajes en poblaciones que están bajo el control de la CRAC, lo que puede volver a generar momentos de tensión.

Arturo Campos Herrera, representante de la Casa de Justicia de El Paraíso, indicó que el pliego de peticiones dado a conocer este martes corresponde únicamente a los grupos que funcionan en Ayutla, Tixtla, Olinalá, Tlatlauquitepec y Huamuxtitlán, que se han incorporado a la CRAC en el último año.