1 de marzo de 2013 / 04:09 a.m.

Monterrey.- • El Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Adquisiciones en la que se incluye la creación de un testigo social que vigile las licitaciones y se incrementan las sanciones para quienes realicen irregularidades.

La nueva ley que aplica para el estado, municipios, paraestatales, está basada en recomendaciones de organismos nacionales e internacionales como la ONU, Instituto Mexicano de Competencia y del mismo Gobierno del Estado, por lo que logró el consenso unánime de las bancadas que conforman el Congreso Local.

"Vimos áreas de oportunidad en esta ley pero tomamos lo que generaba consenso para que transitara esta ley", explicó el presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, Alfredo Rodríguez Dávila, quien leyó el dictamen de la misma.

Esta nueva ley cuenta con dos puntos fundamentales que antes no existían, el primero de ellos es la creación de la figura del testigo social, que serán integrantes de los organismos civiles ya existentes.

"El testigo social que tendrá que pertenecer a los organismos ciudadanos, no podrá ser el compadre de un amigo como es actualmente en muchos casos, donde invitan a los amigos para que sean testigos de una subasta o una adquisición, ahora tendrán que pertenecer a las organizaciones sociales reconocidas", explicó Rodríguez Dávila.

Por otro lado está también la creación de las compras Marco, que existen a nivel federal, pero que a nivel local no había sido implementado.

"Podemos utilizar la fuerza de compra del estado y los municipios en conjunto, esto mismo se hizo en el Congreso de la Unión hace dos legislaturas y se ha mostrado en las estadísticas importantes descensos en los costos, ya que ahora un municipio que tiene muy poco poder adquisitivo compra a mayor precio que el estado, con esto podrán colgarse del mismo contrato que tenga el estado y reservar el volumen de compra", dijo el presidente de la Comisión de Hacienda del Estado.

Esta iniciativa además elimina algunas otras prácticas y lagunas legales que permitían que la mayor parte de las licitaciones fueran para "compadrazgos" o "amigos preferidos" de los gobiernos, señaló Rodríguez Dávila.

"Esta nueva Ley nos da la confianza de que habrá avances significativos en materia de adquisiciones, para lograr un mejor manejo de los recursos públicos, logrando mejores condiciones que permitirán ahorrar recursos que se canalicen a la prestación de mejores y mayores servicios a la comunidad".

La nueva ley amplía además las sanciones para aquellos funcionarios que cometan irregularidades y también a las empresas que incumplen con los contratos, desde los tres meses y hasta los cinco años de inhabilitación.

El 75 por ciento de los que recursos que gasta los gobierno de los tres niveles, en México, y en Nuevo León, son gastadas en adquisiciones.

REYNALDO OCHOA