21 de marzo de 2013 / 01:34 a.m.

Monterrey.- • La propuesta de Graciela Buchanan, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, para modificar la Constitución y obtener atribuciones en materia presupuestal, fue rechazada por el Congreso local, al no reunir la cantidad suficiente de votos.

Tras interponer Buchanan una controversia constitucional el año pasado, el plazo de los diputados para resolver el tema venció, por lo que se presentó en tribuna el dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

El dictamen solicitaba que la responsabilidad de fijar el presupuesto del Poder Judicial recayera en el pleno del Tribunal Superior de Justicia, dejando de lado en esta labor al Consejo de la Judicatura.

La bancada del PAN y el PRD votaron en contra, en tanto que PRI, PT y Nueva Alianza lo hicieron a favor, empatando a 20 sufragios, lejos de los 28 que se requerían para sortear el escollo legislativo.

"(El rechazo implica) que siga como está la administración del Tribunal Superior de Justicia, que es a través del Consejo de la Judicatura, es lo que se ha venido haciendo desde la constitución del Consejo".

"Lo que hicimos fue una reposición del procedimiento que se llevó a cabo en la anterior Legislatura, la (Suprema) Corte nos obligaba a concluir porque en la anterior Legislatura no se votó", destacó Adrián González Navarro, presidente de la Comisión de Legislación.

Sólo un diputado, el presidente de la mesa directiva, Luis David Ortiz, habló en tribuna sobre el dictamen, y lo hizo para criticar la intención de Buchanan de obtener facultades adicionales.

"Parece a simple propuesta algo que no pudiera verse mal, pero si hacemos una analogía y un análisis de esto nos vamos a dar cuenta de que no es procedente, es como si el gobernador dijera que el presupuesto de la oficina del gobernador no lo maneja Tesorería, lo manejo yo directamente de aquí de mi oficina".

"O que el presidente municipal dijera, el presupuesto de la oficina del alcalde lo maneja el alcalde y no lo maneja la Tesorería (…) no tiene sentido", refirió.

Argumentó que la función y formación de los magistrados no empata con temas administrativos, que además distraen tiempo valioso para la impartición de justicia.

“Sería impráctico. ¿A poco cada magistrado va a tener un área de adquisiciones para hacer el concurso de la papelería?. Pido su voto en contra, no porque esté en contra de la autonomía del Poder Judicial…va en contra del interés público que se hagan esas excepciones y esos caprichos a una élite que no debe de tenerlos", consideró.

LUIS GARCÍA