Entre el Congreso, la SCJN y Diario Oficial

El entonces presidente, Felipe Calderón, se opuso a ella al considerarla incompleta, y por eso interpuso una controversia.

 

Monterrey.- La Ley General de Víctimas estuvo en la congeladora casi seis meses porque el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, la rechazó por considerarla incompleta, e interpuso una controversia constitucional.

Dada su naturaleza, el caso estaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero desde que asumió el poder, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno de desistiría de la controversia.

La orden presidencial tuvo efecto el miércoles pasado al publicarse la Ley General de Víctimas, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

De inmediato activistas como Alejandro Martí, de México SOS e Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, advirtieron sobre supuestos vacíos y debilidades de la ley que daban como consecuencia su inoperatividad.

En el fondo, de acuerdo con estos dos activistas, la ley "no aprueba el control de constitucionalidad, ya que en diversas disposiciones se contrapone con principios constitucionales".

El decreto publicado el miércoles pasado, consta de 189 artículos, 10 títulos y 16 transitorios.

De acuerdo con una reseña de la agencia Notimex, el objeto de la ley es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de garantías violadas, debida diligencia, no repetición y todos los demás consagrados en la Constitución y en tratados.

También establecer y coordinar las acciones necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como establecer mecanismos para que todas las autoridades cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral.

La ley, añade la agencia del Estado, indica que se crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, cuyo objetivo es establecer, regular y supervisar las directrices, planes, programas, proyectos, acciones y demás políticas públicas que se implementan para la protección, asistencia, atención a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

Este sistema deberá crearse dentro de los 90 días naturales luego de la entrada en vigor de la ley, y estará constituido por todas las instituciones y entidades públicas.

"Por algo había que iniciar"

-El doctor Otilio Cantú, padre de una de las víctimas inocentes en Nuevo León de militares que presuntamente lo confundieron, dio su aval a la Ley General de Víctimas, pues dijo, "por algo teníamos que empezar".

"Bueno, la ley ya estaba aprobada desde la administración pasada, pero a Calderón no le gustó, y por eso la congeló mediante la controversia que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ya ha quedado liberada, y qué bueno", indicó el padre del joven Otilio Cantú, quien falleció baleado por militrares.

El médico que realiza toda una cruzada y activismo, primero para limpiar la memoria de su hijo, a quien militares en funciones de policías estatales tildaron de sicario, y luego para que los acusados sean juzgados por una corte civil y no militar, como aún acontece, dijo que a la norma hay que verle sus aspectos positivos.

"Sí, falta un reglamento y diversas adecuaciones, sí, pero ahí está, ya es ley, y en lo general es bueno, hasta la propia ONU acaba de manifestar que está de acuerdo, entonces pues que venga lo que sigue", señaló.

El doctor Otilio Cantú opinó que para él, "ni está tan exacta, ni perfecta la ley, pero tampoco está mal".

ALEJANDRO SALAS