4 de febrero de 2013 / 03:40 p.m.

Monterrey.- Del total de peticiones de información que recibe el Gobierno del Estado, únicamente el tres por ciento terminan en una inconformidad ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, defendió la directora de Transparencia de la Contraloría del Estado, Carla Nazar.

La funcionaria estatal informó que durante la administración de Rodrigo Medina se han recibido seis mil 490 solicitudes de acceso a información, 89 por ciento de ellas relacionadas con dependencias centrales.

En ese sentido, Nazar subrayó que menos del tres por ciento ha provocado alguna inconformidad.

“"Hay un montón de casos donde hay gran apertura gubernamental, por ejemplo el caso de la Torre Administrativa se ha dado a conocer en medios de comunicación y la información ya está en línea tanto solicitudes como respuestas"”, dijo.

La funcionaria respondió a cuestionamientos que hicieron organismos civiles dentro del programa Cambios en cuanto al manejo de la información pública en casos de corrupción en los aparatos estatales, así como la disponibilidad del Gobierno por abrirse a parámetros de transparencia.

“"No se reduce a estos casos que mencionan"”, alegó.

En la mesa de diálogo se dieron cita el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, Guillermo Mijares; el abogado Mariano Núñez; y el especialista de la unidad de Administración de la Auditoría Superior del Estado, Juan Manuel Gil Garza; También acudieron el rector del Instituto Superior de Estudios Tributarios, José Lee; la consejera de Evolución Mexicana, Lorenia Canavati, así como la propia Nazar.

Manuel Zavala, director de CCINLAC, expresó que casos como el robo de placas del Instituto de Control Vehicular, tendrán que esperar a que la Auditoría Superior del Estado realice su trabajo.

“"Hay casos recientes donde la ciudadanía no sabe qué pasó, ahorita no podemos decir si pasó o no algo porque no hay información, la auditoría va recibir en marzo las cuentas públicas y tiene hasta octubre para publicarlas y ahí vamos a ver, ese es un logro muy importante que tenemos”", dijo.

Los especialistas coincidieron en que falta que la exposición de casos tenga consecuencias, es decir, que haya castigos para los servidores públicos que cometen alguna irregularidad.

El litigante Mariano Núñez señaló por su parte que la población debe conocer que tiene otras opciones cuando la autoridad le niega el acceso a datos.

“"Lo que pasa es que si falla aquí, tenemos una instancia internacional, no tenemos por qué estar dependiendo de lo local, podemos acudir a la Corte Interamericana”".

Por su parte, el comisionado presidente de la CTAINL, Guillermo Mijares, aclaró que la función del organismo a su cargo es responder a la petición de información de los ciudadanos, ya que no cuentan con facultades persecutorias.

“"No podemos seguir a nadie en forma voluntaria u oficiosa, tenemos que esperar a que el ciudadano exija sus derechos para que una vez que la autoridad no le conteste, nosotros sí actuamos”", refirió.

Los especialistas señalaron que se debe modificar la operatividad ya que la respuesta a las solicitudes tarda más tiempo que la prescripción del delito probable.

SANDRA GONZÁLEZ