RUBÉN MOSSO Y EUGENIA JIMÉNEZ
21 de agosto de 2013 / 07:40 p.m.

Ciudad de México • La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo liso y llano y ordenó la inmediata libertad del sacerdote salesiano José Carlos Contreras, quien fue acusado sin pruebas de la violación y asesinato de una joven en San Luis Potosí en 2007.

 

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Sala determinó que las pruebas que presentó la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí sólo se basaron en indicios “fuera de lógica” y “carentes de sentido común”, los cuales mantuvieron al religioso en prisión durante cuatro años en el penal de “La Pila”.

 

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dijo que analizaron con mucho cuidado las 256 pruebas que aportó el Ministerio Público contra el quejoso, pero de éstas no se desprende una que demuestre su culpabilidad.

 

“Se habla solo de indicios fuera de lógica y carentes de sentido común”, mencionó Zaldívar al exponer las razones por las cuales se debía liberar al sacerdote.

 

El único que no compartió el criterio de la mayoría fue José Ramón Cossío Díaz, quien argumentó que los 296 medios de prueba no se analizaron en su totalidad, además de que el amparo debía ser revisado de manera rígida, tal y como se ha realizado en otros casos, como el de los indígenas de Acteal.

 

“No puedo aceptar que una narrativa sustituya una revisión rígida”, declaró el ministro Cossío Díaz al fijar su postura.

 

Caso Polémico

Cándido Ochoa, quien fue abogado del religioso, lo entregó a las autoridades y abandonó el caso para asumir la titularidad de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí; después se convirtió en su principal acusador.

 

Desde la detención del religioso que pertenece a los salesianos, se formó un grupo de apoyo que demanda su liberación y se abrió una página web y en una cuenta en Facebook han recabado testimonios de ex alumnos y profesores que conocen al sacerdote y están dispuestos a declarar a su favor.

Los hechos

El 22 de octubre del 2007, en el salón de usos múltiples del Instituto Salesiano Carlos Gómez, en San Luis Potosí aproximadamente a las 08:00 de la mañana se encontró el cadáver de Itzachel Shantal González López, joven de 16 años de edad, alumna del primer año de bachillerato.

 

La joven fue reportada como desaparecida por su madre al director del colegio desde el 20 de octubre de ese mismo año, cuando se encontraba realizando actividades extracurriculares en el colegio.

 

El sábado 20 de octubre, Itzachel Shantal acudió al colegio salesiano a su práctica del equipo de porras, ese día llegó quince minutos tarde según dice su profesora, Margarita Tonatzín del Carmen Martínez Cárdenas, quien aseguró que la chica mostró actitudes poco comunes en su comportamiento habitual, tales como distraída de la práctica y que estuvo muy al pendiente de su teléfono celular.

 

Aproximadamente las 13:40 horas, de conformidad con los reportes de la compañía celular "Movistar S.A de C.V". se envió un mensaje del número telefónico de la hoy occisa al teléfono de su madre, en el cual se aprecia la leyenda "ma ya stoy aqui n la escuela" siendo este el último momento en el que supuestamente se ve a la menor con vida.

 

Durante la investigación ministerial se mencionó que la joven fue vista por lo menos por seis personas sentada en la escalinata que conduce a la entrada principal del Colegio Salesiano.

No obstante, en noviembre de 2008, María Galdina Flores Rodríguez,vigilante del colegio en la época en que se suscitaron los hechos, acudió a declarar al Ministerio público por tercera ocasión, refiriendo una serie de contradicciones, señalando que se había equivocado y que en realidad vio a la menor parada afuera de la puerta de acceso a la casa de los sacerdotes salesianos, sin poder precisar si tenía Itzachel la intención o no de ingresar a dicho lugar.

El 7 de Octubre de 2009, “con engaños del que era abogado de los padres salesianos y fue después procurador Cándido Ochoa Rojas, el padre José Carlos Contreras Rodríguez fue puesto a disposición del juzgado que emitió la orden argumentándole que en 72 horas sería puesto en libertad por no existir una real acusación en su contra”, señaló Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados.

 

De esta forma el padre fue sujeto al término constitucional que otorga la ley, término en el cual no fue exhibida alguna prueba por parte de su defensa Cándido Ochoa y el 10 de octubre se determinó la formal prisión.