7 de junio de 2013 / 12:07 a.m.

En una primera etapa, realizarán un monitoreo en ocho estados, donde se tiene registro de implementaciones inadecuadas en los procesos de justicia penal.

 

Ciudad de México • Organizaciones civiles lanzaron el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia (OCSJ), para impulsar la implementación de la reforma del sistema de justicia penal, a través de monitoreos, análisis, incidencia y difusión de casos.

Antonio López Ugalde, coordinador del OCSJ, dio a conocer la plataforma del Observatorio Ciudadano (www.observatoriodejusticia.com.mx), donde a partir de hoy, se podrá consultar el trabajo que realizan a través de investigaciones.

Entre las consideraciones que el Observatorio Ciudadano tomará en cuenta para hacer un análisis en los procedimientos penales son: la supresión del arraigo de la Constitución, el manejo de una defensa adecuada, la ejecución de sanciones penales y la prisión preventiva así como sus medidas cautelares.

Una de las intenciones que busca el organismo es innovar el procedimiento penal en México, ya que, como asegura el catedrático del ITAM, Miguel Sarre, no se ha reformado desde hace 90 años y por ello se han arrastrado "viejas costumbres" en los procesos legales, a tal grado que el Ministerio Público rebasa la autoridad de los jueces al imponer sanciones.

La entrada del nuevo modelo de justicia sustituye el concepto de "readaptación social" por el de "reinserción social", sin embargo, el Estado ha aplicado "tratamientos" y "estudios de personalidad" a las gente privada de su libertad, castigando a las personas por lo que "son" y no por su conducta, criticó Ximena Andión, del consejo directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.

La figura del arraigo es uno de los temas que se quiere cambiar, pues viola tres garantías de los derechos humanos: la presunción de inocencia, el derecho a la libertad personal y el debido proceso legal, afirmó Javier Carrasco del Instituto de Justicia Procesal Penal.

"La sociedad civil tiene que trabajar de manera conjunta con el gobierno", mencionó Rocío Culebro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, así la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación de Justicia Penal, dependencia de la Secretaría de Gobernación, se podrá nutrir de lo que hacen la sociedad en materia de justicia.

"Los abogados de oficio atienden muchos casos y por ello no se le da una dirección correcta a ciertos asuntos, sus sueldos son bajos y la carga de trabajo es mucha, por ende, no se puede hablar de justicia, si los abogados que proporciona el gobierno están mal atendidos también", mencionó Culebro.

En su primera etapa de trabajo, el Observatorio Ciudadano seleccionó ocho estados de la República para su labor de monitoreo: Baja California, Campeche, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla y Oaxaca, ya que dichas entidades padecen de implementaciones inadecuadas en los procesos de justicia penal.

La organización está integrada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Instituto de Justicia Procesal Penal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, todas asociaciones civiles.

CARLOS MARTÍNEZ